01 abr 2020

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El debate sobre proceso soberanista tras el 9-N

Cuentas mal hechas

Javier Pérez Royo

La Constitución y el Estatut, tal como están, no pueden ser referencia normativa para la gobernación de Catalunya

Siguiendo la estela de la mayor parte de los editoriales de los medios de comunicación de fuera de Catalunya y de la opinión de buena parte de los articulistas de dichos medios, el presidente del Gobierno, en su comparecencia en diferido del miércoles, calificó de fracaso el resultado del pasado domingo en Catalunya porque solo participó un tercio del censo electoral. La consulta, vino a decir, ha servido para hacer visible la condición socialmente minoritaria del independentismo. Hasta aquí la interpretación presidencial. Podía haber ido más lejos en esa línea interpretativa y añadir que ese tercio del censo no era homogéneo. Pues a nadie se le oculta que no es la misma la posición de los votantes de la coalición CiU, o la de los de ERC, Iniciativa o la CUP, como estamos viendo en los forcejeos que ha habido antes del 9-N y en los que continúa habiendo después sobre el camino a seguir.

Esto es verdad desde un punto de vista estadístico, pero políticamente no es ni siquiera una verdad a medias. Habría que añadir que esa minoría social, con el grado de abstención consolidado, será mayoría absoluta en el próximo Parlament, como lo es en el actual. Quienes convocaron a la ciudadanía el pasado domingo van a seguir dirigiendo políticamente Catalunya con mayoría absoluta los próximos años. Y la van a seguir dirigiendo sin tener a nadie enfrente en términos políticos. De esto es de lo que no dijo nada el presidente del Gobierno. Y es lo más importante. Los dos tercios que no acudieron a votar el 9-N podrán ser mayoría social -que está por ver que lo fueran- pero no existen políticamente o, mejor dicho, existen de una forma tan fragmentada e inconexa y tan carente de discurso común que es como si no existieran.

Todos los partidos que se enfrentan al independentismo en este momento, si no son completamente irrelevantes tienen tendencia a serlo. Y cada vez más. Por el peso de cada uno de ellos, que cada vez es menor, y porque no pueden llegar a ningún acuerdo. Con el PP no se puede llegar a ningún acuerdo en Catalunya mientras el Gobierno se mantenga en la posición en la que está. Como consecuencia de ello, la mayoría social no independentista está condenada a la impotencia política.

Esto es lo decisivo. El apoyo social al independentismo no solo ha crecido de manera extraordinaria desde julio del 2010, en que se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, sino que además se ha articulado políticamente. De no estar prácticamente presente en ninguna de las elecciones celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución hasta las autonómicas de otoño del 2010, ha pasado a ocupar el lugar central en el sistema político catalán. El binomio Constitución-Estatut, expresión de la respuesta a la integración de Catalunya en España con base en la Carta Magna de 1978, ha sido desplazado del centro del sistema porque ha dejado de ser aceptado mayoritariamente. Sobre esto no cabe la menor duda. Coinciden todos los estudios de opinión.

Sin ese binomio los partidos de gobierno de España, PP y PSOE, no pueden existir políticamente en Catalunya. Dichos partidos no pueden no defender la Constitución y el Estatut como fórmula de integración de Catalunya en el Estado. Su condición de partidos de gobierno de España no se lo permite. Si lo hicieran, desaparecerían como partidos en el resto de España. La sociedad catalana, por el contrario, no es receptiva a un discurso político de esta naturaleza. Tras dicha sentencia del 2010, la Constitución y el Estatut, tal como están, no pueden ser la referencia normativa para la gobernación de Catalunya. Esta es la perspectiva que hay que privilegiar en el análisis de los resultados del pasado domingo. No es el porcentaje del censo electoral que participó lo decisivo, sino la ausencia del Estado en Catalunya. Si Catalunya es parte del Estado, el Estado no puede desaparecer de la vida política catalana o estar presente solo de forma negativa, como el enemigo a combatir, como lo ha caracterizado expresamente el president Mas en estas últimas semanas de manera reiterada. El Estado como enemigo no es una alternativa. Es lo que representa Rajoy.

Así no se puede seguir. Todo el mundo sabe que es estúpido hacerse trampas en el solitario. Y sin embargo, eso es lo que hizo el presidente del Gobierno en su comparecencia del pasado miércoles. Habiendo tenido tiempo para reflexionar y ante un acontecimiento de una gravedad tan extraordinaria, su comparecencia puso de manifiesto que el Gobierno no tiene política para Catalunya o, lo que es lo mismo, que España carece de Gobierno en el momento en que tiene que enfrentarse al problema más serio con el que puede tener que enfrentarse cualquier Estado: el de su integridad territorial.