Pobres energéticos frente al frío

Últimamente se habla mucho de pobreza energética, pero desgraciadamente solo se habla. Las pocas decisiones que se han tomado han sido las del Gobierno central, que con su habitual exceso de celo en el cumplimiento de la ley y la defensa de sus competencias ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la normativa catalana que permitía un aplazamiento en el pago de los suministros eléctricos. Según su criterio, el Gobierno catalán no tiene competencias para ello.

El conseller Felip Puig se ha apresurado a asegurar que, a pesar de la prohibición, no quedará nadie sin la cobertura prevista. Lo celebramos y esperamos que sea posible. Es incomprensible e inaceptable la falta de sensibilidad y de responsabilidad de un Gobierno que antepone cuestiones legalistas a la justicia social. Constatamos, una vez más, la desconexión entre la ciudadanía y un Estado que gobierna a golpe de normativas, olvidando su misión de trabajar por el bienestar de la población.

En marzo de este año se celebró una sesión parlamentaria monográfica sobre la pobreza y una de las resoluciones fue precisamente mejorar el decreto de pobreza energética, que ya existía. Se decidió ampliar en unos meses el plazo de pago para las familias que no tuvieran recursos necesarios, reconociendo así que todo ciudadano tiene derecho a los suministros básicos. El acuerdo fue criticado por entidades sociales por insuficiente, ya que por un lado aplazaba el problema al no condonar la deuda y, por otro, fijaba condiciones tan estrictas que limitaba las posibilidades de beneficiarse de él. El escaso impacto (apenas unos centenares de familias se acogieron a él) así lo ha demostrado, y el Parlament ha instado al Govern a presentar otro decreto que se extienda a todo el año y simplifique los trámites de acceso.

Mientras tanto, el problema se ha agravado y últimamente estamos sufriendo provocaciones del todo inadecuadas, fruto de la falta de sensibilidad social y de sentido de la corresponsabilidad de ciertos actores. Mientras las grandes empresas eléctricas monopolísticas anuncian el reparto de grandes dividendos que superan, como es habitual, los resultados de los años anteriores, el señor Eduardo Montes, presidente de la patronal energética Unesa, afirma que hay otros tipos de pobreza y que la energética no es más acuciante que las demás. Aduce que las empresas no tienen ninguna culpa.

Discrepo por completo de tal afirmación, pues pienso que en una sociedad rica en la que existen recursos, todos somos responsables en la medida de nuestras posibilidades y debemos contribuir a la redistribución de la riqueza. El objetivo es reducir las desigualdades y garantizar el derecho de toda persona a una vida digna, que no opulenta como la que hoy lleva una minoría cada vez más privilegiada. Creo que la situación exige inventiva para hallar soluciones y solidaridad y avanzar hacia una mayor justicia social. En este sentido planteo una sugerencia para desarrollar un plan piloto que defina los criterios a aplicar, tenga en cuenta el control de cada caso y valore las ayudas o medidas que mejor se adecúen a cada situación. Me atrevo a proponer algunas iniciativas.

En primer lugar, se podría potenciar y canalizar la responsabilidad social corporativa de las empresas suministradoras y visualizar acciones centradas en prevenir este tipo de pobreza. O dedicar un porcentaje de los beneficios a un fondo social para cubrir las necesidades de quienes no pueden hacer frente a las facturas, cuya cuantía debería ser muy superior a algunos de los fondos hoy existentes. Otra alternativa sería negociar con los gobiernos un acuerdo para crear un fondo extraordinario público-privado que garantizase los suministros o, ante la falta de liquidez de la Administración, quizá establecer con ella unas tarifas mínimas con plazos sin interés para saldar la deuda a largo plazo. Si nos decidimos a innovar, creo que estos apuntes pueden ser solo los primeros de una serie de posibilidades.

Sin obviar la respuesta que puede reportar un buen márketing empresarial acompañado de un cambio de actitud real por parte de las compañías, debería valorarse también el retorno social y económico de la inversión realizada. Si las personas hoy en riesgo de exclusión ven cubiertas sus necesidades básicas y pueden superar progresivamente su vulnerabilidad para convertirse en ciudadanos activos e integrados en la sociedad, generadores de riqueza, su participación puede ser a largo plazo un ahorro en beneficencia y caridad. No quiero acabar sin recordar que cada día estamos más cerca del frío propio de la estación en que nos hallamos y, si queremos evitar que muchas familias sufran, las decisiones son urgentes.