Acuerdo en el transporte público de BCN

El acuerdo firmado ayer sobre la financiación del transporte público del área metropolitana de Barcelona era una obligación ineludible para las partes implicadas. La deuda de 546 millones del consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) exigía una medida tajante para garantizar la sostenibilidad del servicio. Generalitat, Ayuntamiento y Área Metropolitana, que aumentarán en 67 millones su aportación hasta el 2017, capitanean una entente para la refinanciación de esa deuda a partir de un crédito sindicado de 472 millones, hasta el 2031, aportados por diferentes bancos, con Caixabank a la cabeza.

El acuerdo tiene el objetivo de reducir el déficit a cero en tres años y también incluye una contención del gasto de los operadores del transporte, TMB y FGC, lo que implicará una línea de actuación distinta. Sin ir más lejos, el déficit aumentó el pasado año en 181 millones. La mayor aportación estatal, tras los recortes de los últimos años, también debería ayudar a lograrlo. Esta contención del gasto no afectará a la apertura en el 2016 de la L-9 hasta la T-1 del aeropuerto, subsanando una grave carencia, y a la prolongación el próximo año de los FGC en Terrassa. Son mejoras de una red que precisa de estímulos y máxima eficiencia para frenar la pérdida de usuarios y reducir el uso del vehículo privado. Así se logrará que el sistema de tarifa integrada, el que gestiona la ATM, no tenga un coste gravoso ni para el usuario -víctima del último tarifazo- ni para las arcas públicas.