Los CIE, inaceptables e inútiles

Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son lugares inaceptables desde la perspectiva de los derechos humanos y el Estado de derecho. Son espacios en los que se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, lo que constituye una anomalía en nuestro ordenamiento jurídico. Y aún es mayor la paradoja cuando encontramos en los CIE a personas que han huido de guerras o de alguna persecución, algo frecuente entre los africanos internados, o a personas traídas como esclavas a España por organizaciones dedicadas a la trata de seres humanos, como también ha ocurrido con algunas mujeres internadas; personas que son merecedoras de protección internacional, a las que en cambio se castiga con privación de libertad.Cuando se encierra a las víctimas, a quienes huyen, se produce una deplorable perversión del derecho, y esto es algo que está sucediendo en la turbia nebulosa de los CIE.

Pero este artículo quiero centrarlo en otro aspecto: la inutilidad de estos centros para cumplir alguna función en aquello que está en el origen de su nacimiento: la regulación del flujo migratorio. Los CIE se crearon para facilitar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular, es decir, forman parte de los mecanismos de lucha contra la inmigración irregular que la ley de extranjería contempla; pero lo cierto es que tales mecanismos no tienen una incidencia significativa en la regulación de la inmigración, ya que solamente se aplican a una pequeña parte de la misma, como voy a mostrar enseguida.

Utilizaré los datos de lucha contra la inmigración irregular dados a conocer por el Ministerio del Interior respecto al 2013, y voy a sumar todos los conceptos posibles para que nadie pueda argüir que se queda algo en el tintero: 7.472 personas entraron en España de forma irregular a través de Ceuta y Melilla o llegando en barcazas (pateras…) a alguna de nuestras costas; 8.704 personas fueron rechazadas cuando intentaban pasar por algún puesto fronterizo; 1.199 fueron devueltas después de haber entrado; y finalmente, 8.984 fueron expulsadas (la mayoría después de haber pasado por un CIE).

Es dudoso que podamos sumar todos estos conceptos, ya que las expulsadas podían haber entrado en años anteriores, pero los sumo para buscar el dato global más alto posible, y el dato resultante no supera las 20.000 personas. Si se quiere, podemos añadir a las que quisieron entrar pero se lo impidieron las vallas de Ceuta y Melilla, cuyo número está muy por debajo de las 5.000 personas, de acuerdo con las organizaciones que trabajan sobre el terreno al otro lado de la frontera.

Un total de 25.000 personas fueron, como mucho, las destinatarias en el 2013 de todos los mecanismos de lucha contra la inmigración irregular que contempla la legislación de extranjería. Sin embargo, la inmigración que recibimos en ese año fue de 257.648 personas, lo que indica que la gran mayoría de los inmigrantes entraron sin que se vieran afectados por tales mecanismos represivos. Estos solo se aplicaron al 10% de la inmigración que entró o quiso entrar en territorio español, lo que refleja que su incidencia real en la regulación del flujo migratorio es mínima.

¿Qué es entonces lo que de verdad regula el flujo migratorio? La respuesta es obvia cuando se observan los datos. En el 2013 entraron 257.648 inmigrantes, pero se fueron 468.584, y se fueron porque la situación del empleo en España es funesta. Ahora se van más inmigrantes de los que vienen, lo contrario que ocurría en los años del auge económico (en el 2006 vinieron 802.971 y se fueron 120.254, resultando un incremento de 682.717), lo que demuestra que las migraciones laborales se regulan por sí mismas.

Pero volvamos a fijarnos en los 468.584 extranjeros que se fueron en el 2013: ¿está justificado ese durísimo sistema represivo contra la entrada de inmigrantes que en ese año se aplicó a menos de 25.000 personas, cuando por su cuenta se fueron cerca de medio millón? El sufrimiento que se inflige a aquellas personas a las que se encierra en un CIE, o a las que se expulsa, o a aquellas otras que se estrellan contra las vallas de Ceuta y Melilla es un sufrimiento inútil. Si los CIE resultan inaceptables desde la perspectiva de derechos humanos, su inutilidad los hace aún más intolerables.

Hay que replantearse toda la política de extranjería en vigor, especialmente la normativa represiva de la llamada lucha contra la inmigración irregular. Pero mientras tanto podemos comenzar por cerrar los CIE. Podemos comenzar por cerrar el CIE de Barcelona, como está exigiendo una campaña de SOS Racisme a la que se han sumado muchas organizaciones.