El precio de conocer a la tribu

«De viajar por otros países, lo que más me gusta es conocer la verdadera esencia de la gente, su cultura, cómo viven, comer lo mismo que ellos, ser uno más de la tribu». ¿Cuántas veces hemos escuchado esta sentencia? Quizás nosotros mismos la hemos dicho, y es que en la búsqueda de la autenticidad somos unos verdaderos exploradores. Recientemente, turistas alojados en apartamentos turísticos manifestaban que querían vivir la auténtica Barcelona, la de los quarts de pis cerca del mar y del supermercado regentado por paquistanís. De hecho, también había nuevos miembros de la tribu en el supermercado, ligeros de ropa y de verbo más entorpecido.

Pero vamos al tema. ¿Qué hacer con las viviendas privadas destinadas a usos turísticos? Porque aceptémoslo, regular la llegada de turistas ni es posible ni es legal, ni estamos seguros de que nuestra economía eminentemente de servicios, que da prioridad el sector terciario, lo pueda permitir. Por tanto, si queremos atender el fenómeno de las viviendas turísticas hay que centrar los esfuerzos en dos frentes: el normativo y el de las inspecciones y sanciones.

En cuanto al marco normativo general, la Llei de Turisme de Catalunya diferencia los apartamentos de las viviendas turísticas. Los primeros están integrados en edificios constituidos en su totalidad por este tipo de apartamentos y cuentan con los correspondientes servicios turísticos. Por el contrario, las viviendas turísticas suelen ser pisos cedidos por su propietario de forma reiterada -un mínimo de dos veces al año- para estancias de temporada -inferior a 31 días-, directamente o mediante intermediarios y a cambio de una contraprestación.

Como puede observarse, la diferencia entre ambas modalidades turísticas es más que notable y explica el porqué del auge de las viviendas turísticas, caracterizadas por una evidente minoración de condiciones para su explotación (beneficiada además por unos mecanismos de control de la Administración insuficientes y de difícil aplicación) y la dilución de responsabilidades del explotador, en perjuicio de los propios usuarios del servicio y los propietarios de viviendas vecinas.

El Ayuntamiento de Barcelona está centrando sus esfuerzos en los distritos más sensibles, es decir, Eixample y Ciutat Vella, restringiendo la concesión de nuevas licencias. En el caso de Ciutat Vella se está impulsando un plan de usos que excluye la admisibilidad de los apartamentos turísticos, a la vez que se condiciona la concesión de nuevas licencias para viviendas turísticas a la baja de viviendas turísticas preexistentes y a su agrupación, en un plazo de seis años, en edificios únicos.

A pesar de los buenos propósitos de la Administración, la situación actual es de clara opacidad: se desconoce con exactitud el número real de viviendas turísticas existentes en el mercado, si bien es fácilmente constatable que el número de ilegales supera, y con creces, las legalizadas. Esta situación tiene consecuencias de amplio espectro: el ejercicio de una actividad de concurrencia pública sin los mínimos de calidad requeridos; la opacidad tributaria, es decir, la falta de declaración de los ingresos obtenidos; y la competencia desleal respecto a los agentes turísticos legales.

Para responder a esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona trabaja en un nuevo marco jurídico de ámbito municipal, habiendo suspendido entretanto la implantación o ampliación de viviendas turísticas en casi toda la ciudad.

En cuanto a las vías que el ayuntamiento empleará para regular este fenómeno es muy posible que se cambie el actual sistema que obligaba a adquirir una licencia preexistente y a darla de baja para poder obtener una nueva. Este sistema, que en la práctica ha supuesto una prohibición de facto de la implantación de nuevas actividades, ha recibido un primer revés judicial por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha anulado parcialmente el Pla d'Usos de Ciutat Vella. La sentencia, aún no firme, establece que este sistema es una intromisión ilícita en la esfera de los particulares al obligarles a renunciar a licencias legalmente adquiridas para poder obtener nuevas, incluso sosteniendo que existen «otros mecanismos urbanísticos» para lograr limitar o reducir el exceso de establecimientos en este distrito.

Aún es pronto para hacer una valoración, pero confiamos en que el nuevo plan especial regulador de viviendas de uso turístico sea capaz de hallar los mecanismos legales más adecuados para que este fenómeno deje de ser un problema para algunos barrios de Barcelona y, al mismo tiempo, se siga fomentando un turismo de calidad.