La herencia del pasado

Electoralismo obsceno con la memoria

Mientras ignora la ley sobre los efectos del franquismo, Monago instrumentaliza a las viudas de la guerra

Se lee en minutos

Como es bien sabido, en mayo del año próximo habrá elecciones autonómicas. Hace unos días, con ocasión del día de la comunidad, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, del PP, anunció que su Gobierno dará una «ayuda permanente» de 300 euros anuales a «todas las mujeres extremeñas que vivieron la guerra y la posguerra». Según las informaciones de prensa, la medida se destinará a las 35.000 extremeñas que tienen actualmente 75 años o más. El citado responsable político justificó dicha medida afirmando que «es una cuestión de dignidad, de justicia y de memoria histórica». Sí, ¡eso es lo que dijo!, cuando resulta que el partido al que pertenece ha hecho completa abstracción de la ley 52/2007, de 26 diciembre, por la que se conocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida como ley de memoria histórica o, mejor, de la memoria democrática frente a la dictadura franquista.

Una ley que, aunque tardía y con luces y sombras, constituyó un intento de reparación por parte del poder público hacia todos aquellos que lucharon por la restauración de las libertades en España. El argumento de este responsable político resulta poco creíble y, sobre todo, contrasta con la negación absoluta que el partido gobernante, al que pertenece, ha hecho para aplicar esta ley aprobada por las Cortes Generales, con el reaccionario y pedestre argumento de que no interesa a la gente. Mejor argumento para la soterrada justificación del régimen represivo de Franco y sus consecuencias no se podría encontrar. Algún ejemplo de esta negativa gubernamental, entre otros: los Presupuestos del Estado del 2013 y el 2014 han neutralizado esa ley al quedar sin dotación económica; el Estado prácticamente se ha desentendido de coadyuvar a la localización de fosas comunes donde aún yacen republicanos fusilados en la guerra y la posguerra, y en fin, el obsceno adefesio nacional-católico de Cuelgamuros, el llamado Valle de los Caídos, la ominosa y faraónica obra hecha a costa del trabajo forzoso de presos republicanos, sigue todavía plantificado en la sierra de Madrid, con dos fascistas enterrados en su cripta.

Pues bien, ante la instrumentalización interesada que trasluce la iniciativa del presidente extremeño hay que volver a recordar que, como ha sido el caso de otros estados con pasado represivo, como la Francia ocupada, la Alemania nazi o la Italia fascista, en España las políticas públicas de preservación de la memoria de la libertad y de reparación de la memoria de aquellas personas que dieron lo mejor de sí mismas para el restablecimiento de las libertades ante un régimen opresor se entendían como un signo indefectible de la calidad democrática del país. Por el contrario, el ocultamiento o el olvido -cuando no el rechazo por acción u omisión del poder público- del debate sobre el pasado y sus protagonistas es un muestra de déficit democrático. Ignorar o esconder las vergüenzas del pasado por parte de las instituciones representativas, en especial aquellas que supusieron flagrantes violaciones de los derechos humanos, pone de manifiesto la debilidad de los fundamentos democráticos del Estado.

Te puede interesar

Como es sabido, el año pasado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas realizó un viaje a España, y después de entrevistarse con víctimas de la dictadura y con autoridades estatales y autonómicas difundió unas primeras impresiones sobre si dichas autoridades están haciendo lo suficiente sobre los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Ya entonces la respuesta de los representantes de la ONU fue negativa. Y afirmaban que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de elaborar «un plan nacional de búsqueda de desaparecidos, derogar la ley de amnistía y juzgar aquí las desapariciones forzadas». El informe definitivo se ha ratificado al respecto.

Por todo ello, que un dirigente de una formación política que ha incumplido una ley de las Cortes Generales, sin además tener el coraje político de derogarla expresamente si estaba en desacuerdo, diga lo que dice Monago, constituye una obscena instrumentalización electoralista. Obscena por la incoherencia que pone de manifiesto sobre la relevancia que para la salud democrática supone una verdadera política pública de memoria democrática, que repare el daño producido por la dictadura, en este caso, a las mujeres. Y obscena porque se mofa a través de una ayuda económica que recuerda la ominosa función de beneficencia que practicaba el Auxilio Social de la Sección Femenina falangista. Todo esto, en pleno siglo XXI, al objeto de obtener apoyo en unas elecciones autonómicas. Deplorable.