El Estado del bienestar viable

Últimamente han surgido numerosos detractores del Estado del bienestar y se habla mucho del modelo de sociedad que representa -aquel en que el Estado asume unas responsabilidades respecto de las personas que viven en el país, reconocidas como sujetos de derechos y de obligaciones, y regula las condiciones que permitan una redistribución de la riqueza capaz de desarrollar un sociedad más justa y cohesionada, que asegure las condiciones para el ejercicio de la plena ciudadanía- contraponiendo siempre lo deseable con lo viable en el actual modelo económico. Siempre me he preguntado por qué no se introducen otros conceptos, como los de justicia, derechos de ciudadanía o prioridades presupuestarias, en esos discursos. Parece que la viabilidad y la sostenibilidad solo se contemplan desde una parte del binomio economía-Estado del bienestar, y solo se habla de la modificación de los factores que hacen referencia a la primera parte del mismo.

No se están introduciendo en dichos análisis nuevos factores económicos que avalarían la inversión en proyectos sociales, como el de calcular el impacto de dichos proyectos. Deberíamos acostumbrarnos a analizar qué significa, no solo socialmente sino también dese el punto de vista económico, impulsar cierto tipo de programas sociales. Estamos hablando de inversiones con un retorno, hasta hoy muy poco cuantificado y contemplado, que nos permitiría introducir elementos de gran valor desde la lógica puramente economicista que hoy predomina, y que solo se fija en parámetros monetarios.

Si la realidad nos dice que lo que preocupa de forma prioritaria son las cuestiones económicas, deberíamos ofrecer argumentos que justifiquen unas determinadas políticas sociales también desde esa perspectiva. Además de considerar los beneficios sociales, se agregarían factores como qué ahorro se obtiene a medio o largo plazo invirtiendo en un proyecto determinado, cómo se optimizan y gestionan los recursos disponibles, qué nivel de ocupación genera, o qué aportación representa al PIB nacional.

Estoy de acuerdo en incorporar esa nueva óptica económica a lo social e implantar criterios de rentabilidad, ahorro y beneficio junto a los argumentos de justicia, equidad y solidaridad; pero no estaría tan de acuerdo en las habituales críticas al gasto social que recomiendan, en aras de la sostenibilidad, revisarlo y debilitarlo sin cuestionar el sistema económico ni el sistema fiscal, que constituyen la otra parte de la ecuación. Equilibrar ingresos y gastos por la vía de fijar otras prioridades, otras inversiones y una mayor recaudación mediante una fiscalidad más adecuada, con mayor capacidad redistributiva, significaría aumentar la aportación económica de quienes tienen más y no dejar ninguna posibilidad de eludir dicha obligación. Esto implica disponer de los instrumentos necesarios para el control de su estricto cumplimiento, a la vez que se eliminan exenciones y bonificaciones que solo favorecen a unos pocos -que son justamente quienes menos lo necesitan- y se evitan situaciones alegales derivadas de sortear dicha obligatoriedad.

Me pregunto por qué surgen tantas voces argumentando que el Estado del bienestar no es viable y abogando por reducir, y hasta destruir, un modelo concebido para lograr una sociedad más equitativa que se empezó a construir hace unos años y que no está ni siquiera plenamente desarrollado. La crisis nos obliga a revisar muchos aspectos del modelo, como son algunas políticas sociales, ciertos criterios de universalidad o las maneras de gestionar los recursos, pero no habría que renunciar a una mirada más global y amplia del binomio mencionado, que nos obliga a revisar también muchas prácticas y verdades aceptadas de nuestra economía actual.

Desde esa mirada no puedo evitar citar la evasión fiscal, las ganancias sin esfuerzo, puramente especulativas, las relaciones de poder que han permitido amasar fortunas y que han generado una sociedad corrupta a la que parece que nos hayamos habituado; casi ni se cuestionan, y mucho menos se castigan, esas prácticas, permitiendo la impunidad de sus autores. Mientras tanto, unos pocos millones de euros destinados a la población más vulnerable se utilizan para criticar la supuesta holgazanería de las personas beneficiarias de prestaciones sociales y se especula sobre el fraude que algunas hayan podido practicar.

Deberíamos revisar la vara de medir las actuaciones de la ciudadanía, la acción de gobierno y el marco legal de nuestro sistema económico y social. Está claro que no se aplican unos criterios coherentes, y con las políticas sociales y económicas de los últimos años se está creando una sociedad cada día más desigual y más injusta.