Críticas a las decisiones judiciales

Hay comentarios o declaraciones realizados por determinados personajes que ya descalifican a quien los hace, pero además demuestran que su sensibilidad social y su nivel intelectual están a la misma altura. Recordemos que hace dos años hubo un sonoro «que se jodan» expresado por una diputada del PP mientras el presidente del Gobierno anunciaba medidas de recorte de las prestaciones por desempleo. Numerosas expresiones se han producido durante este tiempo, la última de las cuales es la del presidente de la CEOE Juan Rosell en el curso de verano de la Fundación FAES, laboratorio de ideas del PP, diciendo que con la crisis hay muchas amas y mestressos de casa que se apuntan al paro para ver si cobraban algún subsidio.

Esta, sin embargo, no fue la única perla que soltó. Concretamente Rosell dijo que los jueces no tenemos muy claro lo que dice la reforma laboral. Quizá lo que pretende es que antes de dictar una sentencia le llamemos a él o a quien él designe y le pidamos cómo interpretar una norma en un supuesto concreto, o simplemente su opinión al respecto.

El comentario no debería preocuparnos demasiado si verdaderamente fuera aislado, pero en los últimos tiempos las virulentas reacciones a decisiones judiciales desde determinados sectores ya se están prodigando con más frecuencia de lo que sería normal. A modo de ejemplo podemos destacar las feroces críticas a las sentencias de los procesos de Telemadrid, Canal 9, Panrico... Esto me recuerda otra salida de tono de un personaje público como es la ministra Báñez que ahora también hace un par de años dijo que le daban más miedo los jueces que los señores de negro, en referencia a los miembros de la troika comunitaria (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Pero más recientemente el informe de la OCDE sobre la reforma laboral del 2012 decía claramente que había que reducir el papel de los jueces en los despidos por causas económicas. O todavía más cercano en el tiempo ha sido el FMI que dijo que el éxito de la reforma depende de su aplicación y que la eficacia de las reformas se ve menoscabada por una interpretación restrictiva por parte de los tribunales.

Estas críticas a las decisiones judiciales no son inocuas, sino que son auténticas descalificaciones al papel del poder judicial en un Estado democrático, que tiene como misión la garantía del cumplimiento de la legalidad aplicada a cada caso concreto, así como remover los obstáculos que impiden la garantía del sistema de derechos y libertades. El tono empleado en las consideraciones hechas sobre el papel de los jueces en la aplicación de la reforma laboral sorprende por la ligereza de los planteamientos en tanto que se descarga sobre los jueces la responsabilidad de la efectividad de la reforma laboral en materia de despidos, y por extensión en otras materias, como la valoración de los contratos temporales, la movilidad y modificación de las condiciones de trabajo, o la no aplicabilidad de cláusulas de los convenios en determinados supuestos.

Es usual utilizar estadísticas sobre el número de procedimientos por despido que han visto los juzgados sociales o Tribunales Superiores de Justicia, las sentencias dictadas, y el sentido del pronunciamiento, pero en ningún momento dicen si han sido reclamaciones contra extinciones de contratos temporales celebrados fraudulentamente, si han sido por despidos verbales o por carta, ni siquiera si la empresa ha comparecido al acto del juicio, o la prueba de que se ha aportado al juicio, o si se trata de un despido reconocido en la misma carta como improcedente y en el que se discuten aspectos colaterales a la propia decisión extintiva; como tampoco hay datos sobre el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y que no han sido impugnados judicialmente.

Es evidente que la crítica a las decisiones de los jueces entra dentro del funcionamiento del Estado democrático, así como de la transparencia del Poder Judicial, pero lejos de eso, la insistencia en este debate implica poner en cuestión la función jurisdiccional y la independencia los jueces, y que finalmente se perciba por la opinión pública que los jueces son unos lastres para la efectiva recuperación económica del país, pues se genera una desconfianza acrítica sobre nuestro estamento y sobre las decisiones que se puedan tomar en el marco los procesos judiciales. Se prejuzga así la actuación de los jueces y se crea la duda sobre los criterios de imparcialidad y sometimiento al imperio de la ley que fundamentan sus decisiones.

Quizá es esto lo que se pretende y de ahí que la crítica no sea el legítimo ejercicio del derecho a opinar sobre la actuación de los tribunales, sino una descalificación ideologizada de los tribunales laborales y un intento de eliminarlos para instaurar un modelo de relaciones laborales donde las personas sean mercancías sometidas a las leyes del mercado y donde la dignidad y los derechos fundamentales no sean valores que coticen.