Paraísos y subterfugios fiscales

El 30 de junio finalizó el plazo para que todos cumpliésemos con nuestras obligaciones fiscales. Hacienda debe recaudar recursos para financiar el buen funcionamiento de la Administración y el desarrollo de las políticas públicas económicas y sociales.

Intermón Oxfam presentó, el pasado 28 de mayo, un estudio que afirmaba que los ciudadanos pagan 46 veces más impuestos que las empresas y aportaron en el 2011 casi el 92% de la recaudación total del Estado, a través del IVA, IRPF e impuestos especiales. El sector empresarial, el 8% restante. Pero la inmensa mayoría de las empresas son pymes que, en el actual contexto de crisis, hacen lo que pueden para salir adelante y no cerrar ante la presión de los grandes grupos empresariales. Los peces grandes se van comiendo el espacio vital de las pequeñas pymes ahogadas por el difícil acceso a la financiación. El Estado no puede presionar fiscalmente aún más a las castigadas clases medias y bajas ni a las asfixiadas pymes y autónomos. Deben pagar también los que más ganan. Pero no siempre ocurre así.

La cuestión clave es que la presión y el control fiscal, a nivel estatal e internacional, no recae en igual medida sobre todos. Y seguirá siendo así a menos que exista una mayor y eficaz cooperación internacional para luchar contra el fraude fiscal de aquellas personas físicas y jurídicas que cuentan con grandes recursos y medios para aprovecharse de la libertad de circulación de capitales a nivel mundial.

No se afrontan con decisión dos problemas: la existencia de paraísos fiscales y el control de las maniobras de optimización e ingeniería fiscal practicadas por grandes fortunas y empresas multinacionales. Una situación, injusta y escandalosa, que persiste porque muchos Estados la permiten por activa o por pasiva, con la participación interesada del sector financiero internacional, cada día más poderoso gracias a la globalización.

Nicolas Shaxson analiza en el libro Las islas del tesoro, la cruda realidad de los paraísos fiscales. Una densa red de países que mueven los capitales internacionales, muchos especulativos, de un lugar a otro del planeta. Circulan a través de los grandes centros financieros como la City de Londres y Wall Street. Londres es la capital mundial de los multimillonarios, También París, Frankfurt, Hong Kong, Singapur y Sídney compiten por recibir y canalizar los capitales de los países emergentes, sobre todo chinos, rusos, árabes, desde o hacia los paraísos fiscales.

La UE ha reaccionado. Bruselas ha aprobado una directiva contra el secreto bancario que impulsará el intercambio automático de datos fiscales y bancarios entre los Estados. Estos deberán incorporarla a sus legislaciones internas antes del 1 de enero de 2016. También la OCDE presiona a Suiza y Singapur para que pongan fin al secreto bancario. Pero la eficacia final de las medidas internacionales tomadas dependerá de la voluntad de los Estados. Y ya hemos visto cómo la tasa Tobin con un contenido de mínimos, se retrasó una vez más por falta de apoyo estatal hasta 2016.

Las grandes empresas multinacionales abusan de la diversidad de estructuras fiscales estatales e internacionales, aplicando estrategias de optimización para lograr sortear o reducir el pago de más impuestos. Se produce jugando con las normas una distorsión entre los lugares donde operan y logran grandes beneficios y las sedes donde los declaran y pagan menos. La Comisión Europea anunció el 11 de junio una investigación formal sobre los generosos regímenes fiscales que benefician a multinacionales en Irlanda, Holanda, Luxemburgo, que podrían constituir ayudas o subvenciones estatales contrarias al derecho europeo de la competencia. Empresas como Apple, Google, Starbucks y Fiat están en el punto de mira. Cabe recordar que, mientras en la UE la tasa media del impuesto sobre las sociedades es el 23%, en Irlanda es un 12,5%. También la OCDE tiene un mandato del G-20 para un plan de acción contra la optimización fiscal.

multinacionales que operan en España apenas pagan impuestos y canalizan sus beneficios hacia el exterior. El 19 de enero, un diario informó que la suma de los impuestos de sociedades pagados en 2011 de las filiales en España de los gigantes Apple, Google, Amazon, Facebook, eBay, Microsoft y Yahoo fue de solo 1.251.608 euros.

Duele constatar que, mientras los poderosos grupos aportan muy poco o casi nada a la Hacienda pública, la anunciada reforma fiscal del Gobierno podría afectar la deducción fiscal aplicada a las indemnizaciones que cobran los trabajadores despedidos. Si nadie lo remedia, seguirán recayendo sobre los ciudadanos los mayores esfuerzos para salir de la crisis.

Profesor de Derecho de Esade.