Verdades y mentiras de la justicia

El pasado 6 de mayo, el Tribunal Constitucional publicaba una nota informativa en la que avalaba las tasas judiciales catalanas, recurridas en su momento por el Gobierno español. Este hecho provocó en Catalunya pánico por la temida doble imposición, sinónimo de desigualdad de los catalanes ante la ley respecto del resto de los ciudadanos del Estado.

El 28 de mayo el Consell de l'Advocacia Catalana y el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya acordaban con la Conselleria de Justícia la exención del pago de la tasa a todos los ciudadanos catalanes y a las pymes: fueron suficientes 22 días para demostrar que cuando las instituciones, y sobre todo las personas que las dirigen, tienen voluntad de acuerdo nada es imposible por mucho que lo parezca. Han sido tres semanas en las que, ante el legítimo derecho de la Generalitat de cobrar la tasa, abogados y procuradores estábamos obligados a preservar la tutela de los justiciables; dos posiciones lejanas, pero dos voluntades que, tras una buena negociación, han buscado una solución justa y provechosa para Catalunya y los ciudadanos catalanes.

Abogados y procuradores nos hemos mostrado siempre contrarios a cualquier tasa judicial, con independencia de su cuantía y de las condiciones de quien está obligado a pagarla, pero el Tribunal Constitucional acababa de legitimar jurídicamente la exigibilidad de las tasas catalanas y había que proteger a los más desfavorecidos económicamente para así mantener intacto el derecho a una tutela judicial real. Lo hemos conseguido con un claro ejemplo de win win: la tasa solo se aplicará a las grandes empresas y ningún ciudadano deberá pagarla.

Todos los implicados hemos sabido demostrar que en Catalunya se está gestando una nueva forma de hacer política. Se basa en la interacción entre sociedad civil y poderes públicos, pero sobre todo en la confianza y respeto entre ambos, una confianza que gravita en la verdad, la transparencia, el diálogo y el trabajo. Unos valores que iría muy bien poder tener con el Ministerio de Justicia, pero que desgraciadamente no se tienen a día de hoy. Recientemente el ministro Alberto Ruiz Gallardón fue entrevistado en Madrid por la periodista Ariadna Oltra en el programa .CAT. El ministro decepcionó a todos los que estamos en el mundo de la justicia. Esperábamos que aceptara un formato de programa en el que, después de la entrevista, hubiera un debate entre el entrevistado y un grupo reducido de expertos, porque abogados, procuradores, jueces y fiscales hace tiempo que necesitamos tener este cara a cara para aclarar muchas confusiones que no dejan de preocuparnos.

Desgraciadamente, nuestra desconfianza creció más tras oír al ministro. Dijo Ruiz-Gallardón que la cuantía de las tasas representaba un 10% del coste total de los procedimientos. Y no es cierto. Un recurso de apelación, por ejemplo, genera un mínimo de 800 euros de tasa, lo que siguiendo su tesis nos llevaría a la conclusión de que los abogados y procuradores cobraríamos casi 8.000 euros de minutas, importe este reservado a pleitos de cuantías superiores a los 160.000 euros, es decir procedimientos excepcionales.

Obvió el ministro decir cuál había sido el impacto de las tasas en los procesos; por ejemplo, en la Audiencia de Girona las apelaciones han caído un 17% global, pero hay que destacar que, si a la muestra estadística se le restaran beneficiarios de la justicia gratuita y grandes empresas (grupos a los que no afectan las tasas), el porcentaje de descenso de apelaciones subiría  de forma escandalosa.

Afirmó también el ministro que no se cerraría ninguna sede judicial, pero no fue capaz de sostener que se mantendrían los órganos judiciales -que, aunque pueda parecer lo mismo, no lo es- obviando la disposición adicional quinta del proyecto de ley de demarcación y planta, que deja bien claro que las inversiones en infraestructuras quedarán reservadas a la nueva planta judicial y no a la actual.

En resumen, fue un discurso rico en oratoria y pobre, muy pobre en franqueza y sinceridad política, lo que hace que todos y cada uno de los operadores jurídicos desconfíen de este ministro. Quien es capaz de afirmar que ir al juzgado es una costumbre del siglo XIX es alguien que no ha entendido las lecciones más elementales del Derecho Constitucional, aquellas que permiten que todos los españoles puedan acceder a la justicia para defender sus intereses con los mecanismos previstos por el artículo 24 de la Constitución.

La conclusión no es otra que la de poder afirmar que, en justicia, Catalunya está mucho mejor que el resto del Estado, siendo la causa muy fácil de entender: aquí la construimos entre todos.