Can Vies y el bien común

ORIOL AMORÓS

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Una semana de disturbios injustificables dejan poco margen para imaginar el entendimiento, el diálogo, el punto de encuentro. Pero a pesar de todo, la ciudad no puede esquivar la contraposición, contiene tanta, tan intensa y tan variada que siempre debe buscar un nuevo acuerdo. La ciudad es la 'res pública', la cosa pública donde confluye la diversidad de la vida ciudadana, o eso quisiéramos que fuera, el lugar donde se resuelven las contradicciones en la búsqueda del bien común. Por eso pienso que se imponen ahora algunas reflexiones que nos permitan desbrozar el camino público, aclarar esta niebla de irritaciones. Las instituciones públicas no tienen la exclusiva de la 'producción' el bien común.

La importancia del tejido asociativo

No es posible luchar contra la pobreza de los sin techo sin contar con el tejido asociativo, como por ejemplo con la Fundació Arrels, o insertar laboralmente mujeres que han salido de la cárcel sin la complicidad de las entidades, por ejemplo tan bien como sabe hacer la Fundació Ared. No es posible dar a los vecinos y vecinas esta identificación con el espacio común compartido que llamamos barrio, sin espacios de socialización de dimensiones humanas, puntos de encuentro que no estén regidos únicamente por el ánimo de lucro. Que grupos de jóvenes autogestionen espacios de socialización como Can Vies de entrada es, y debería ser, una contribución al interés general. Como lo es, sin duda, Can Batlló. Como es muy fructífera la reflexión de estos actores sociales cuando confluye con el interés común tanto y tan generoso de entidades de los barrios de Sants como pueden ser La Llar de l'Esclorosi, Sant Pere Claver, Avisamon y tantos otros.

La búsqueda del bien común debe promover y ser compatible con la búsqueda de los diversos bienes particulares. Partir del reconocimiento y respeto de los diversos derechos y libertades para construir el interés general es la gran aportación de la Ilustración respecto sistemas morales autoritarios que sacrificaban los derechos de las personas ante alguna idealización abstracta del colectivo: un rey, una patria, una asamblea.

No es bueno para el bien común imponer un concierto a las dos de la mañana a los vecinos con derecho a descanso, no es bueno para el bien común mercantilizar abusivamente el espacio público y privar a los peatones del simple derecho a pasear. La articulación entre común y particular es el contrato social, el acuerdo social, y lo que podríamos llamar las normas democráticas y las normas de convivencia. La 'res pública' es demasiado importante y por lo tanto se debería respetar y hacer respetar. Pero hacerlo con una excavadora no guarda ninguna proporción.

El descrédito

El descrédito de las instituciones va directamente ligado a la percepción que los ciudadanos tengan de su alineación con la búsqueda del bien común. Cuando se impulsa una reforma del sistema eléctrico que beneficia a unas pocas empresas, 5 empresas en concreto, y perjudica a millones de ciudadanos y cientos de miles de PYMEs, hay descrédito. Cuando el interés de los acreedores mantiene millones de jóvenes europeos en paro, hay descrédito. Cuando en Barcelona hay 3.000 personas sin techo y 106.000 personas sin trabajo y el Ayuntamiento presume de haber cerrado el ejercicio 2013 con 140 millones de euros de superávit, hay descrédito. Y si me permiten, una cierta irresponsabilidad también.

El descrédito de una institución democrática sólo se puede arreglar con más y mejor democracia. Más democracia a escala global, hay un poder democrático europeo suficientemente fuerte como para defender el bien común ante el interés particular que sí se ha globalizado. Más democracia en Barcelona significa destinar el superávit a reducir las desigualdades y, también, encontrar soluciones consensuadas al uso de espacios urbanos abandonados. Pero, más democracia es también el respeto a la res publica por más descrédito de la cosa pública que pueda haber, y la quema de contenedores y mobiliario urbano no tiene ninguna justificación y es todo lo contrario, es la derrota del bien común que también quiero condenar.

La voluntad de decidir

Ante la discrepancia y el conflicto, corresponde a la voluntad democrática decidir. Por eso a la hora de arbitrar en la 'res publica', a la hora de hablar del uso del espacio público, deliberar y dialogar con todos, claro que sí, pero también y sobre todo con los y las representantes elegidos democráticamente. No darles reconocimiento y negarse a hablar es, sencillamente, inaceptable. Ellos son nuestros interlocutores y su legitimidad refuerza ese contrato social que mencionaba y permite el acuerdo social que seguro que deseamos.