Universidad, un grito de alerta

El pasado 30 de abril la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) emitía un comunicado en el que alertaba de que dos años después de la aprobación de las medidas de racionalización del gasto público en educación la situación de las universidades era insostenible. La normativa del 2012 modificaba la ley orgánica de universidades y «afectaba a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente». En efecto, en estos dos años se ha producido una disminución de los fondos destinados a la investigación, que, a diferencia de los países de nuestro entorno, son contabilizados como gastos y no como inversiones; se ha incrementado el precio de las matrículas tanto de los estudios de grado como, especialmente, en los estudios de máster, al tiempo que se reducían los fondos destinados a becas (incluidas las Erasmus que permitían la movilidad internacional del alumnado) y se endurecían las condiciones para acceder a ella; se han cerrado las vías de reposición, renovación y rejuvenecimiento del profesorado y no permiten más que la sustitución -a menudo con contratos precarios de asociados en torno a los 430 euros netos mensuales- del 10% de las jubilaciones.

Eran, según se decía en el decreto del 2012, medidas excepcionales dictadas para hacer frente a la coyuntura de crisis económica. Es por ello que ante las reiteradas afirmaciones del Gobierno de una mejora de las perspectivas económicas, la CRUE reclama que se supriman aquellas medidas que van «más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera» y que, por tanto, se revisen los precios de las matrículas, que son los más elevados de la UE; las políticas de becas, que deben garantizar la equidad; las de financiación de la investigación y de las plantillas universitarias, que deben garantizar la calidad de la docencia, la gestión de los centros universitarios y la continuidad de los grupos de investigación.

Solo así será posible cambiar la dura situación actual en la que ha disminuido el número de alumnos y se han degradado las condiciones de trabajo a pesar de los esfuerzos de la comunidad universitaria para disminuir los efectos negativos de las restricciones. Así, tomando como referencia la Universitat de Barcelona, de los más de 90.000 alumnos matriculados en el curso 2009-2010 se ha pasado a menos de 80.000 en el curso 2012-2013; el presupuesto total ha caído de los 379 millones de euros del 2010 a los 363 del 2013, mientras los ingresos por investigación y transferencia de tecnología han disminuido considerablemente: 109 millones de euros en el 2009, 58 en el 2012. La situación de la investigación, pieza clave para salir de la crisis con un tejido productivo eficiente e innovador basado en una producción de alto valor añadido, puede todavía deteriorarse mucho más, porque la nueva normativa para crear grupos de investigación financiados restringe el equipo investigador a los profesores estables, es decir, funcionarios o profesores con contrato indefinido, lo que excluye a casi la mitad de la actual plantilla.

A las dificultades presupuestarias para seguir realizando una investigación competitiva y de calidad se añade, pues, la precariedad laboral de una gran parte del profesorado, que está desembocando en una generación perdida que va más allá de los profesionales cualificados que deben emigrar. Son aquellos profesores jóvenes -y no tan jóvenes-que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, no pueden incorporarse de manera estable a las plantillas universitarias por falta de unos recursos que las administraciones no garantizan. En este sentido, ni siquiera están cumpliendo las previsiones de la ley de universidades de Catalunya (LUC, 2003) que se basaba en la vía contractual. Y si la situación no se ha deteriorado aún más es por el compromiso de una comunidad universitaria que, en muchos casos, está respondiendo a una carga docente que va mucho más allá de lo que fijan los planes de dedicación académica que elaboran las universidades.

En definitiva, la supervivencia de la universidad exige revisar los precios de las matrículas, mejorar el sistema de becas, garantizar la continuidad y la estabilidad del profesorado -con métodos de valoración y eficacia académica- y del personal de administración y servicios, y una mayor inversión en investigación. A parte de la coyuntura política, todos deberíamos estar de acuerdo en lograr una universidad de calidad que permita encarar el futuro con garantías de éxito. No hacerlo sería suicida para los intereses y aspiraciones de los ciudadanos de Catalunya de construir una sociedad más justa, socialmente más dinámica y equitativa y productivamente más eficaz y competitiva.