Las inversiones estratégicas
MAT: torres más altas han caído
Las políticas energéticas no pueden abordarse de espaldas al tejido social en las que debe ser útil
Anna Garcia Hom
Socióloga.
ANNA GARCÍA HOM
El reciente rechazo a la puesta en marcha de la línea de alta tensión en Santa Coloma de Gramanet demuestra que el consenso público-privado que debería acompañar estos procesos es imprescindible.
La dimensión sociotécnica de la MAT, es decir, los factores tecnológicos que la definen y los impactos sociales y ambientales que a su vez generan, dan como resultado la aparición de conflictos que se derivan, fundamentalmente, de su puesta en marcha. Una situación que no sorprende, más cuando las polémicas que la suscitan no se alejan de las experimentadas en el despliegue de otras tecnologías también de gran importancia para el desarrollo de nuestra competitividad (telefonía móvil, mapa eólico, almacén de residuos nucleares o el proyecto Castor). Si bien estos conflictos difieren en algunos aspectos, lo cierto es que son similares en los efectos que genera su oposición: la paralización de una infraestructura previamente autorizada ignorando lo social.
Situados en un contexto socioeconómico de clara necesidad de inversiones estratégicas en sectores clave como los energéticos y con un escenario de futuro de evidente dependencia, parecería sensato promover políticas de soberanía energética que ayudaran a mejorar nuestra competitividad. Evidentemente, estas políticas no pueden ser abordadas ignorando el tejido social en las que debe ser útil y, sobra decir, respetando los criterios de sostenibilidad ambiental que las regula. Cuando estos fenómenos se sitúan en litigios judiciales (con suspensiones temporales, o no) el coste que se deriva deviene elevadísimo en términos económicos, políticos, sociales y ambientales, tanto de forma directa como en coste de oportunidad.
FRENTE A ESTA dinámica, propia de una sociedad industrial del siglo pasado donde las discrepancias se vehiculaban ex post del diseño de las políticas públicas y el conflicto se resolvía en sede judicial, hoy se debería exigir, por una parte, capacidades prospectivas que se anticipen a las discrepancias y las integren en instrumentos de gobernanza de riesgos, y por otra, mecanismos alternativos de resolución de conflictos que ahorren aquellos costes desajustados en tiempo y dinero.
Dadas estas consideraciones podríamos pensar en modelos de gobernanza del riesgo adaptados al sector energético que permitan, por un lado, lograr amplios consensos sobre su desarrollo y, por otro, incorporar previamente el impacto social (como el ambiental) a los procesos de desarrollo de estas infraestructuras. Todo ello, sin olvidar que el factor humano es también un elemento vulnerable de cualquier infraestructura: pensemos sino en el conflicto que puede abrirse ahora que pretenden expropiar nuestras terrazas en favor de las operadoras de telefonía móvil. Todo ello debiera estar en las agendas de las altas esferas competentes. De otro modo, como quien dice, torres más altas han caído.
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