Los derechos de las víctimas de la polio

El virus de la poliomielitis afectó entre los años 50 y los primeros 60 del siglo pasado a unos 50.000 españoles, la mayoría niños, que vieron truncada la plenitud de su vida por una terrible enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso central y provoca desde parálisis diversas a una inmovilización total. La polio -hoy erradicada del primer mundo pero aún viva en algunos países africanos y asiáticos- es incurable y se da mayoritariamente en entornos de pobreza. La paupérrima España de la posguerra fue campo abonado para la enfermedad, y el franquismo no actuó como una Administración competente hasta que se introdujeron las primeras vacunas en 1963, con el lastre de una irreparable tragedia personal que se cebó en unas personas que, después de muchos sufrimientos, cuatro décadas más tarde han vuelto a vivir la pesadilla en forma de síndrome pospolio, una degeneración neuronal que les provoca fatiga crónica y debilidad muscular. Las medidas que se implantaron en el 2009 para que pudieran acceder a una prejubilación anticipada han sido inoperantes porque las condiciones exigidas eran inalcanzables, producto de la propia dinámica administrativa y la dificultad de identificar como tales los síntomas del síndrome. Para las víctimas inocentes es como pagar dos veces por un delito no cometido. El derecho que las asiste, el derecho a una vida digna después del doble tormento, ha de convertirse en ineludible obligación del Estado que en su momento las desatendió.