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Una asignatura pendiente

Teresa Crespo

La realidad es más incisiva que los discursos. En la lucha contra la pobreza y las desigualdades, los últimos meses nos han brindado buenas ocasiones para ir más allá de las palabras y las buenas intenciones, pero los momentos de esperanza se han convertido en desengaños y dejan paso a cierta desesperación.

La aprobación de los presupuestos de la Generalitat del 2014 fue la gran oportunidad para establecer prioridades y asegurar una cobertura mínima de las necesidades de los ciudadanos, pero los debates parlamentarios pasaron de puntillas sobre estas cuestiones. Las preocupaciones se centraron en no superar el déficit fijado y, con el beneplácito de la mayoría, se aprobaron unos presupuestos presentados como «los más sociales de la historia». La cifra del 71% destinado a políticas de bienestar, incluyendo salud y educación, dejó al margen el detalle de que los sucesivos recortes nos obligan a responder a una demanda creciente con menos recursos que hace diez años.

Desde entonces, los hechos nos demuestran que los presupuestos y las políticas que de ellos se desprenden no abordan con decisión la penuria de muchos catalanes. El incremento de la pobreza y las desigualdades es una realidad que no puede obviarse y los partidos de la oposición forzaron un debate en el Parlament hace pocas semanas. Sin embargo, a pesar de que esta vez sí se habló del tema, los acuerdos alcanzados fueron mínimos y no supusieron ningún aumento de las partidas presupuestarias.

La realidad, por tanto, nos continúa interpelando. Nos dice que es necesario revisar lo que se aprobó en su momento y nos empuja a buscar nuevas ocasiones para afrontar el problema, porque nuestros conciudadanos están sufriendo situaciones insostenibles y los niveles de pauperismo resultan inaceptables; más aun en un país que está entre las potencias económicas del mundo y que tiene recursos suficientes. Sentimos vergüenza de que no se encuentren alternativas a una realidad tan dolorosa, reflejo de la injusticia de este mundo rico y supuestamente civilizado.

Sin embargo, a pesar de la decepción creo que no todo está perdido. Me gustaría que las experiencias un tanto amargas de estos meses nos sirvieran para evitar los mismos errores en el futuro. La nueva ocasión para identificar y potenciar nuevos recursos contra la pobreza ya existe, está en nuestra agenda, y quiero pensar que esta vez nuestros políticos serán capaces de superar sus intereses particulares. El Govern presentó en febrero una propuesta de pacto contra la pobreza que fue -junto con las entidades sociales, que no pudimos intervenir en el pleno pese a la solicitud expresa de sus convocantes- el gran ausente del debate parlamentario.

A algunos partidos no les interesó discutirlo, pero todavía existe una mínima confianza en que este pacto pueda ser una nueva oportunidad, y no podemos desaprovecharla. El documento propuesto, todavía en bruto, espera la voz de los partidos y de la sociedad para conseguir que proyecte acciones nuevas y distintas para afrontar el extraordinario reto que nos plantea el día a día de la gente.

El pacto ha de permitir transformar la realidad. Hay que darle un contenido acorde con las necesidades actuales, que recoja las resoluciones mínimas aprobadas en el debate del Parlament y garantice una mayor transparencia. Debe quedar claro qué se modifica, qué es nuevo, qué se sigue haciendo y con qué recursos cuenta cada acción. Debe fijar objetivos claros a corto, medio y largo plazo, y fijar indicadores que permitan controlar y evaluar su aplicación, sin olvidar la participación de todos los actores de la sociedad.

Junto al pacto, debemos recordar que es obligado un cambio en las políticas fiscales para obtener mayores ingresos que permitan hacer frente al incremento de la inversión social. La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària ha hecho propuestas sobre la futura reforma fiscal que deberían tenerse en cuenta. Pide un sistema tributario proporcional y redistributivo que garantice la justicia fiscal e impida escapar a su aplicación por medio del fraude y la evasión fiscal. Reclama una reestructuración del sistema impositivo que permita mayor recaudación a través del impuesto de sociedades, el de patrimonio y las operaciones especulativas, en vez de cargar la presión fiscal sobre las rentas del trabajo o el IVA.

Hoy Catalunya necesita un gran pacto de lucha contra la pobreza y las desigualdades y una nueva política fiscal que supere los intereses particulares, políticos y económicos para construir un país no solo libre y soberano, sino también más justo y menos desigual. No podemos esperar que el paso del tiempo o un cambio en el contexto político resuelva el problema por sí solo. Es urgente y no hay otra opción que actuar.

Presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS).