Educación para la democracia

La Universidad de Valladolid ha celebrado un homenaje a los docentes represaliados durante la guerra civil y el franquismo, a la vez que presentaba un volumen sobre La revolución educativa en la Segunda República y la represión franquista, que recogía las aportaciones de unas jornadas del 2012.

Resulta impresionante comprobar con qué saña se produjo desde los primeros momentos del levantamiento militar la persecución de los maestros, que habían sido los grandes protagonistas del proyecto republicano de transformar la sociedad a través de la educación. Un proyecto que se concretó en construir escuelas y crear plazas de maestro, complementado con la acción de las «misiones pedagógicas» que llevaban a los pueblos contenidos culturales que no estaban a su alcance, y con la creación de un gran número de bibliotecas públicas instaladas en los locales que proporcionaban los ayuntamientos.

La persecución de los maestros comenzó con su asesinato en los primeros días y continuó después con su depuración. En cuanto a los asesinatos, sorprende que fueran tantos en tierras de Castilla y León, donde no había amenaza revolucionaria alguna que lo hiciera explicable: 26 en la provincia de Ávila, 22 en la de Burgos, 16 en la de Salamanca, 16 más en la de Segovia, 33 en Zamora. En la de Valladolid las cifras que han establecido las últimas investigaciones nos dan 12 maestros y maestras asesinados extrajudicialmente, dos fusilados tras consejo de guerra y unos 30 encarcelados, de los que uno murió en la cárcel y de otro se duda si se suicidó o fue asesinado.

Son historias como la de Antoni Benaiges, un joven maestro catalán a quien en 1934 se le asignó la plaza de Bañuelos de Bureba, en Burgos. Partidario de la escuela Freinet, llevó a Bañuelos el método de las imprentas con que los niños imprimían sus redacciones y aprendían a partir de esta experiencia. Benaiges tenía el sueño de alquilar un autobús para llevar a aquellos niños a ver el mar. Nunca pudo cumplirlo, porque fue asesinado. El único crimen objetivo de que se le acusaba parece haber sido el de que «no iba a misa».

A esta campaña de asesinatos le iba a seguir la de depuraciones, que sancionó a unos 15.000 maestros, uno de cada cuatro, y que se emprendió como un trámite previo a «disminuir considerablemente la cantidad de personas de la enseñanza oficial».

Vivimos hoy un momento de auge de un revisionismo de derechas que sostiene que la República y sus enemigos fueron más o menos lo mismo. Contra estos planteamientos, sostengo que no eran lo mismo: que hay una gran diferencia entre una República que construyó escuelas, creó bibliotecas y formó maestros, y el «régimen del 18 de julio», que se dedicó desde el primer momento a cerrar escuelas, quemar libros y asesinar maestros.

Estos no son solo problemas del pasado. Un informe reciente de Inter Press Service afirma que «la más perturbadora tendencia de la violencia pública actual en el mundo es el aumento de los ataques a las escuelas». Un panorama de los últimos cinco años habla de miles de escuelas destruidas, maestros asesinados y centenares de niños muertos, mutilados o secuestrados. La lista de los países más afectados -Afganistán, Pakistán, Siria, Nigeria…- podría hacernos creer que todo se reduce a una cuestión de barbarie del extremismo islámico. Pero no conviene tranquilizarse demasiado pronto, porque en la lista figura también Colombia, donde en los últimos cuatro años, según se nos informa, han sido asesinados 140 maestros y otros 1.086 han recibido amenazas de muerte.

Al margen de esta violencia hay, a escala mundial, una pugna por el control de la educación que se ha centrado en la lucha contra la escuela pública. Pudiera parecer que se trata tan solo de una consecuencia más del retroceso global de los derechos y los servicios sociales que sufrimos. Pero va más allá. Porque una de las finalidades esenciales de esta pugna es la de acabar con la independencia del maestro y controlar el contenido de su enseñanza.

Estamos viviendo hoy en este país un doble proceso de recorte de recursos a la enseñanza pública, desviados por una u otra vía hacia iniciativas de control privado, y de un claro y descarado intento de volver a establecer cánones obligatorios de contenidos, como en los primeros tiempos del franquismo.

Cánones obligatorios, y retrógrados, como se puede ver en los programas para la historia de España, uno de cuyos inspiradores reivindica la «monumental Historia de los heterodoxos españoles» de Menéndez Pelayo, cuya nefasta influencia denunció hace unos años un intelectual de la talla de José Fernández Montesinos. Todo sea para evitar que el niño adquiera en la escuela el hábito de discurrir.