Se vende río

11.000 hectómetros cúbicos. Soleado, buenas vistas y muy bien comunicado, cerca de las estaciones de Castellón, Valencia y Murcia. Un millón de hectáreas para riego a reformar, ampliable a 1,4 millones; se entrega con los planos y el acuerdo de la comunidad de vecinos. MUCHAS POSIBILIDADES. Razón: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Abstenerse agencias y ambientalistas.

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Posiblemente el símil resulte algo forzado, pero el fondo es exactamente ése. La mercantilización del río Ebro, la percepción de que no se trata más que de una tubería. Un río que pasa a ser justamente eso: un contenedor lleno de televisores, quintales de café almacenados sigilosamente en algún lugar del hemisferio norte, o una gran masa de agua atrapada entre un muro de hormigón y un contador. Una mercancía más, sin ningún tipo de matiz. Las 30 presas que plantea el nuevo plan hidrológico del Ebro tienen como objetivo precisamente la creación de un mercado del agua, algo que organizaciones y movimientos sociales denunciamos este sábado 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

La búsqueda de soluciones a la crisis que se nos ha dibujado ha situado al agua en el centro de la diana: dicho plan hidrológico, sustentado por estudios estrictamente economicistas encargados a consultoras con una escasa sensibilidad social y ambiental, se fundamenta entre otras cosas en los puestos de trabajo creados, como si éstos valiesen 10 veces más que los destruidos; se empuja a los municipios a que (mal)vendan sus empresas municipales de agua, ajenos a la presión e indignación vecinal por la entrega del patrimonio público; y se observa con absoluta permisividad cómo, por ejemplo, en el Área Metropolitana de Barcelona, bajo el monopolio de AGBAR, se dan en el 2012 más de 72.000 expedientes de corte del suministro de agua, básicamente a familias en riesgo de exclusión social, mientras que la misma empresa presenta unos beneficios, en el mismo periodo, de 433 millones de euros. En definitiva, se está cruzando una nueva barrera, la que marca la diferencia entre el bien común y una mercancía.

Y es que la limitada creatividad de la clase dirigente, sumada a la desmesurada ambición de la clase empresarial de los grandes negocios, está planteando como una de las principales alternativas para salir del pozo la mercantilización de los recursos naturales, y la reconversión de España hacia un modelo crecientemente extractivista; además de la ya reseñada mercantilización del agua, se añaden, por ejemplo, el petróleo de Canarias, la complicidad con el lobby del fracking, o la sorprendente reapertura de la mina de Aznalcóllar, apenas 15 años después del desastre de Doñana.

Para la mayoría de sectores que observan con preocupación la consolidación de este modelo, y ante la impermeabilidad que muestran las autoridades en España a las movilizaciones y demandas socio-ambientales, Europa parece ser la única tabla a la que agarrarse. Determinadas iniciativas sociales saben que pierden el tiempo si se dirigen a Madrid o Barcelona, y prefieren apuntar desde el principio a Bruselas. La Directiva Marco del Agua sigue siendo un referente en Europa (a pesar de sus lagunas, su sola implementación en España parece un sueño inalcanzable), y nos es casual que la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), con 1,7 millones de firmas, se haya centrado en exigir el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano.

Pero resulta significativo ver cómo, ante esta ICE, la Comisión Europea duda. Esculpida por comisarios con una fuerte vocación liberal, y acosada por los persuasivos lobistas que campan por Bruselas, la Comisión Europea no se atreve a ir más allá que reconocer el gran esfuerzo realizado por la ICE, y delega en los estados miembros su desarrollo y regulación. Respuesta a todas luces insuficiente, que nos deja de nuevo en manos de nuestros políticos domésticos, y que nos obliga a un esfuerzo para que la tabla a la que estamos agarrados no se nos escurra definitivamente entre los brazos.