29 mar 2020

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Europa nos protege de Rajoy

Joan Coscubiela

Es tal la caída de derechos y la desprotección a la que nos están sometiendo las políticas del PP, que cada vez más a menudo los tribunales españoles deben aplicar el Derecho de la Unión Europea y el Derecho internacional para proteger los derechos de la ciudadanía.

Algunas de estas situaciones de desprotección vienen de lejos. Pero el Gobierno Rajoy ha agravado y aumentado el número de casos en que, para garantizar nuestros derechos, tenemos que ir a buscar tutela fuera de la legislación y los tribunales españoles.

Las familias hipotecadas y desahuciadas tuvieron que acudir al Tribunal de Justicia de la UE y a la aplicación de las Directivas de la UE para encontrar la protección que la legislación española les negaba y sigue negando.

Ha sido también el Tribunal de Justicia de la UE que, en una sentencia, ha obligado al Gobierno a modificar la legislación de Seguridad Social para evitar la desprotección en que se encontraban las personas con contrato a tiempo parcial, mujeres en un 75% de los casos.

Los Tribunales del Orden Social se ven obligados a aplicar la Directiva de despidos colectivos de la UE para proteger a los trabajadores despedidos por causas económicas, ante la desprotección en que han quedado tras la Reforma Laboral de PP y CiU.

Un Juzgado del Orden Social de Barcelona ha aplicado la Carta Social Europea para proteger los derechos de los trabajadores frente al periodo de prueba abusivo del contrato de emprendedores de la Reforma Laboral de PP y CiU y la inhibición del Tribunal Constitucional, que no dicta sentencia en tiempo razonable y útil.

Conocida por su repercusión social y política es la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, que recuerda que, más allá del sentimiento de solidaridad con las víctimas y el rechazo a los asesinos, las penas de prisión no pueden aplicarse con efectos retroactivos.

Y ahora, un Auto del Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional ha dejado Rajoy y su Gobierno con el culo al aire desde una perspectiva democrática. A las pocas horas de entrar en vigor la Ley que acaba con la Justicia Universal y otorga impunidad a mafias y dictadores, el juez Pedraz decide mantener viva la instrucción por el asesinato de Couso, en base a la aplicación del IV Convenio de Ginebra para la protección de los civiles en tiempo de guerra, que obliga a los Estados firmantes a perseguir este tipo de delitos, cualquiera que sea la nacionalidad de los responsables y el lugar donde estén. Exactamente, lo que prohíbe la Ley Orgánica 1/ 2014, aprobada por trámite de urgencia y sin debate contra los tratados y convenios internacionales suscritos por España.

La lista es mucho más larga y pone de manifiesto dos cosas: el grado de desprotección en que nos está dejando el PP ejerciendo su peculiar concepto de soberanía nacional y, en positivo, la importancia cada vez mayor para los ciudadanos de la normativa de la Unión Europea y el Derecho Internacional.

Quizás sea una evidencia más de que un mundo nuevo está emergiendo, lenta pero inexorablemente. Y que las fronteras ya no son lo que eran. Afortunadamente.