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La polémica lingüística

Sobre el repentino amor al castellano

Joaquim Coll

El independentismo trata de seducir a los castellanohablantes por motivos políticos y electorales

Hasta hace cuatro días, los partidos nacionalistas catalanes no solo mostraban enormes reticencias a utilizar el castellano sino que tenían una actitud distante o de claro desdén hacia todo lo que en general podríamos etiquetar de cultura española, incluidas las expresiones populares que había traído la emigración. Con el desarrollo del proceso soberanista hemos asistido a un rápido cambio de registro, particularmente en relación con el futuro del castellano en el marco de un hipotético Estado catalán, que algunos anuncian para pasado mañana.

Todos los nacionalismos sueñan con una sociedad monolingüe, y el catalán no es una excepción, aunque en realidad la lengua de Verdaguer y Espriu no ha hecho más que pelear por sobrevivir. En el siglo XX, los independentistas no alegaban motivos económicos sino sobre todo culturales y lingüísticos. En diferentes ocasiones, desde la sociolingüística nacionalista se ha vaticinado la muerte del catalán al carecer de un Estado que garantizase tanto su plena oficialidad como la exclusión del castellano, supuesto enemigo.

Pese a que la historia reciente ha demostrado que la convivencia entre ambos no es un juego de suma cero, el imaginario independentista ha seguido siendo el tradicional (una nación, una lengua). La oficialidad del castellano no se aceptaba por la composición bilingüe de la sociedad catalana sino por la pertenencia de Catalunya al Estado español. Mientras que la oficialidad del catalán se derivaba de su carácter de lengua propia, la del castellano se justificaba por razones políticas que a veces eran calificadas de opresoras.

Sin embargo, este discurso ha mutado desde el 2012 con algunas declaraciones relativamente solemnes de los líderes independentistas en las que se comprometían a respetar la oficialidad del castellano en el nuevo Estado, salpicadas de afecto hacia la identidad y la cultura española de muchos catalanes. Oriol Junqueras lo hizo en un famoso artículo en EL PERIÓDICO (El castellano y la República catalana), promesa que ha reiterado posteriormente.

Hay que decir que la opción por la oficialidad de la lengua de Cervantes aparece en un contexto en el que el independentismo necesita sumar y sabe que no puede construir una mayoría sólida únicamente con aquellos que se sienten solo o más catalanes que españoles y con los que tienen como lengua materna el catalán. Tanto es así que el soberanismo ha impulsado plataformas integradas exclusivamente por castellanohablantes, como Súmate, cuyo objetivo es fortalecer la imagen de transversalidad y neutralizar posibles resistencias en las zonas metropolitanas ante la sospecha de una futura marginación lingüística. Sin duda, el anuncio de la oficialidad del castellano ha sido un buen antídoto. Ahora bien, hay que preguntarse si se trata de un deseo sincero y qué significa la prometida oficialidad.

Para la primera cuestión es suficiente fijar la atención en Òmnium Cultural y su presidenta Muriel Casals, que tras las elecciones del 2012 reabrió el debate afirmando que no creía que el castellano tuviera que compartir la cooficialidad con el catalán. «Dos idiomas oficiales en un mismo país es un poco extraño», concluyó. En el portal digital Elclauer.cat, auspiciado por las más representativas entidades secesionistas y que da respuesta a muchas preguntas, queda claro que la única lengua «nacional y oficial» en la independencia sería el catalán, mientras que el castellano quedaría confinado a un estatus especial en razón de que es la «primera lengua de un número muy importante de catalanes y de su contribución reciente a la historia del país». Pero entre líneas a nadie se le escapa el carácter provisional de ese estatus.

En relación a la segunda pregunta, si profundizamos un poquito en otros textos y declaraciones vemos que la oficialidad con la que Junqueras pretende seducir a los castellanohablantes es asimétrica, solo garantiza que los ciudadanos tengan derecho a dirigirse en esta lengua a la Administración y a su aprendizaje en la escuela, pero en ningún caso como lengua vehicular. Ya hemos visto los sarpullidos que ha levantado la reciente sentencia del TSJC. Cuestionable en algunos aspectos, no va contra el catalán sino que «ratifica la inmersión», como bien ha analizado el lingüista Albert Branchadell. En lugar del cierre de filas, debería abrir un debate sereno, despolitizado, sobre cómo garantizar mejor el bilingüismo final que las leyes y los partidos dicen perseguir.

En un hipotético Estado independiente es impensable la prohibición del uso del castellano, pero los repentinos amores hacia esta lengua y la promesa de su oficialidad responden más a una táctica de seducción política y electoral que al deseo de respetar a todos los mismos derechos lingüísticos y a la realidad bilingüe de Catalunya.