¿Cooperación española? La banca gana

No puede resultar más paradójico. En un momento en el que desde todas partes se ha apuntado a la banca como causante de la crisis que ha asolado a nuestra sociedad, dejando a miles y miles de familias en una situación de exclusión y vulnerabilidad, justo en este momento, se refuerza el rol de la banca. Sin ningún tipo de reforma estructural, sus beneficios siguen disparándose obscenamente: 59.000 millones de euros el año pasado, prácticamente el doble del presupuesto de la Generalitat.

No solo eso, sino que se la invita a ser parte de la solución. La nueva oleada de privatizaciones únicamente es posible gracias a su participación activa: agua, salud, etc. ¿Qué más queda por poner en sus manos? ¿La cooperación? Premio, la cooperación.

Ayudas en manos equivocadas

La semana pasada se cerró en el Senado el período de enmiendas para la reforma del  Fondo de Promoción al Desarrollo (FONPRODE, aunque en este caso entender las siglas resulta más bien poco relevante), la principal herramienta para ejecutar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española, unos 235 millones de euros para este ejercicio. Una herramienta que si bien ya ha sido controvertida por estar gestionada financieramente por el Instituto de Crédito Oficial, por su creciente carácter reembolsable --que aumenta la deuda externa de los países receptores-- y por su vocación encubierta de fomentar la internacionalización de la empresa española, ahora sufre una nueva vuelta de tuerca: se pone en manos de la banca.

Efectivamente, la reforma del FONPRODE contempla que la entidad COFIDES, siglas que responden a otro eufemismo tal como Compañía Española de Financiación del Desarrollo, asuma su gestión. Y COFIDES, sociedad de capital mixto adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, está en un 39% en manos de la banca española; concretamente del BBVA, Banc de Sabadell y Banco de Santander. Evidentemente, para que el FONPRODE sea atractivo para dicha banca, resulta necesario que se introduzcan algunas reformas menores, como que determinados informes no sean públicos, que se elimine el techo para la AOD reembolsable, que se flexibilicen las condiciones para dar crédito y que el FONPRODE pueda promover abiertamente la internacionalización de la empresa española. Y aun así se le seguirá llamando cooperación al desarrollo.

Por supuesto, todo ello se ha cocinado con el mayor de los sigilos, aunque la impunidad reinante no exigiría tales precauciones. Y a la impunidad hay que sumarle que los colectivos y entidades que observan estos movimientos, sienten que son tantos los frentes abiertos que en muchos casos parece que siempre se llega tarde a todos los lados.

Evitar una mayor bancarización

Ante todo ello, ¿qué opciones reales quedan para garantizar que la cooperación española quede en la órbita estrictamente pública? Más allá de fantasear con la idea de que esta cooperación al desarrollo sea de calidad y cantidad suficientes, ¿cómo se puede superar un blindaje institucional que siempre discurre lejos de los intereses de los más vulnerables? Quizás la victoria --esperemos que no solamente parcial-- de la Marea Blanca parando la privatización de la sanidad en Madrid, o el naufragio de la privatización de Aguas Ter-Llobregat en Catalunya, ambos en los tribunales, puedan servir de inspiración. Dudo que la justicia sea el último flotador, desesperado, que le queda al sector de la cooperación al desarrollo para frenar su bancarización. Si hay que utilizarlo, que sea antes de la privatización de la justicia y del aire que respiramos.