La desconexión valenciana

El martes 21, a las 20 horas, enmudeció Catalunya Ràdio en el País Valenciano. Una amenaza de multa del Gobierno a Acció Cultural del País Valencià, propietaria de los repetidores, precipitó el apagón. Años atrás se silenciaron las emisiones de TV-3, que llegaban hasta Alicante gracias a esta red difusora sufragada con aportaciones ciudadanas. Hace pocas semanas, las Cortes Valencianas suprimían el servicio público de radiotelevisión valenciana, que ofrecía dos canales de televisión y dos de radio. Con el final de Catalunya Ràdio desaparece el último medio de comunicación en catalán de ámbito valenciano.

La persecución de los medios públicos de Catalunya al sur del Sénia -ese riachuelo que algunos confunden con el Atlántico- no es ninguna novedad. La cruzada contra la red de repetidores arrancó con el ministro José Barrionuevo -tan partidario de la guerra sucia- y el aplauso del presidente de la Generalitat Valenciana Joan Lerma, que siempre tuvo mentalidad de gobernador civil. Pero continuó, no lo olvidemos, con los ministros catalanes José Montilla y Joan Clos desde el Ministerio de Industria que heredaron por los servicios prestados. El Partido Popular, como siempre, suele perfeccionar, tanto en Valencia como en España, las políticas vergonzosas de un PSOE más pendiente de la España cerealista y subsidiaria que de la dorsal mediterránea que tanto aporta a la caja común. Un seguidismo muy evidente en las decisiones socioeconómicas y que encuentra su máxima expresión en las políticas culturales. Ahora bien, esta actuación represiva no es solo un ataque a la lengua catalana. Se trata, en realidad, de otro golpe «del» Estado contra el pueblo valenciano, según el sabio concepto acuñado por Toni Albà en su espectáculo Audiència I-Real. Un golpe ensayado con éxito durante la transición política y reeditado a menudo como política preventiva ante hipotéticos desvaríos valencianos.

Las ideas valencianistas nacidas simbólicamente con Joan Fuster cristalizaron en su día en un bloque social que hizo de la reivindicación nacional y el proyecto de progreso las dos caras de una misma revolución tranquila. Ante su éxito social, poco después de la muerte de Franco, la derecha valenciana redescubrió el peligro catalán como maniobra antivalencianista y antidemocrática. Más allá de la retórica, su objetivo era la construcción de un movimiento localista que preservara el país de la oleada de cambios que se esperaban en el Estado español y de la influencia catalana.

La debilidad del anclaje social de la propuesta fusteriana, la legalización del anticatalanismo tras el pacto estatutario entre Abril Martorell y Alfonso Guerra y la falta de un sistema comunicativo autóctono precipitaron la destrucción de la cultura cívica -moderadamente izquierdista, moderadamente catalanista- en la que se reproducía aquella revolución tranquila. Derrotado y sometido el proyecto, el País Valenciano ha sido el nexo del «eje de la prosperidad» que enlazaba el Madrid de la lideresa con las islas de Jaume Matas. José María Aznar lo explica en sus memorias: «Valencia tenía para nosotros un significado especial. El vínculo entre Valencia y Madrid generaría por razones de cercanía geográfica unas sinergias muy importantes (…) que contribuirían a fortalecer en esta una posición propia frente al acoso del expansionismo nacionalista radical desde Cataluña (…). Se diseñó una política específica para todo el Levante español».

Pero con un paro del 28%, dos puntos por encima de la media estatal, y acorralado por la corrupción y la bancarrota, el PP valenciano ha iniciado un profundo proceso de erosión. La desaparición de Catalunya Ràdio, muy grave por ella misma, actúa además como metáfora política, pues la derecha conoce como nadie la sentencia del gran Gabriel Ferrater: «Qui domina els mots, domina el món». Ahora como siempre, la estrategia popular es el aislacionismo feudalizante, la exaltación de las pasiones indígenas más bajas y la criminalización de posibles cambios del mapa político valenciano y -palabra de Aznar- en el nacional.

La diferencia con aquella primera desconexión posfranquista es que los indicadores sociológicos y económicos demuestran que Joan Fuster ¡tiene más razón ahora que en 1962! El fantasma del peligro catalán ha perdido fieles y muchos de sus actores reconocen que aquel discurso atenta contra sus propios intereses económicos. La censura y la prohibición son la última barricada de una derecha oscurantista. Pero esta debería saber, como ha escrito Manuel Castells, que la tecnología genera, por primera vez en la historia, redes de «indignación y de esperanza» que crean nuevas fuentes de hegemonía cultural y de poder social. Así lo esperamos, por lo menos.