Un mirlo blanco

Don Ignacio González, presidente de Madrid, ha aprovechado su discurso de Fin de Año para dejar clara su discordancia con el trato financiero que su comunidad autónoma recibe del Gobierno del Estado, en manos del PP, partido en el que milita. En tono contundente, ha asegurado a sus administrados que no va a «consentir que se les exijan más sacrificios ni que se les pida que paguen más impuestos» y ha prometido que en el año recién iniciado no cejará en reclamar un cambio en el sistema de financiación autonómica que le permita percibir los 1.300 millones de euros adicionales que hoy un a su juicio sesgado cálculo le niega. En Catalunya estas palabras nos suenan familiares, pues las quejas por un presunto déficit fiscal, de magnitud mayor que el citado, hace mucho tiempo que son moneda corriente en las conversaciones ciudadanas y en los medios de comunicación.

Pero leído íntegramente, el discurso del señor González muestra ciertas grietas. Porque para demostrar el buen hacer de su Administración, tras su reclamación al señor Montoro afirma que en el 2013 la Comunidad de Madrid ha acometido «la mayor rebaja de impuestos de la historia de las autonomías y ha conseguido un crecimiento económico positivo, salir de la recesión y crear empleo neto».  La primera afirmación debe ser cierta. Basta un repaso de la normativa fiscal para constatar que los ciudadanos madrileños son los únicos españoles que no han de pagar impuesto sobre el patrimonio y que las tarifas del IRPF que se les aplican están entre las más bajas del Estado. Los catalanes y los andaluces, entre otros, a igualdad de renta salimos más escaldados tras cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Ya sé que ello no significa un trato diferencial por el Ministerio de Hacienda sino la voluntad de una comunidad autónoma de renunciar a unos ingresos que legalmente estarían a su alcance. En consecuencia, la presión fiscal que sufren los madrileños no es tan gravosa como la que hay en otras partes del territorio español, lo que equivale a decir que los sacrificios que como contribuyentes soportan son más livianos que los de sus compatriotas.

Lo admirable es que a pesar de un escaso afán recaudatorio y del supuesto maltrato que recibe del Ministerio de Hacienda, la Comunidad de Madrid sea capaz de mantener, según palabras literales de don Ignacio, «la mejor sanidad pública de España, la más amplia red de atención a la dependencia del país» y que sus alumnos presenten «unos de los mejores datos educativos de Europa». Aún hubiera podido añadir otros ejemplos para remachar el milagroso uso que Madrid hace de sus presuntos magros recursos. Todos nos hemos enterado, gracias a los mensajes del señor Blesa, de que las tarifas que en su territorio se pagan por el agua son de las más bajas de España, encargándose de su suministro una empresa propiedad de la comunidad. El transporte público tampoco figura entre los más caros del país y los peajes que hay que pagar por las autopistas que convergen en la capital son nulos o ínfimos, cosa que no es la regla universal en nuestra geografía. La oferta de teatros y de actividades culturales administradas y en parte subvencionadas por entes públicos no tiene parangón en ninguna otra autonomía. Y sería fácil encontrar más ejemplos que refuerzan la tesis del señor González: no estamos ante el milagro de los panes y los peces; es la conjunción de la laboriosidad y la inteligencia de los madrileños y sus administradores duchos, austeros y honestos, la razón de tan magníficos resultados. El modelo madrileño debería ser el espejo en el que las otras autonomías deberían mirarse.

Lo que yo no sabría explicar, y me gustaría encontrar quien lo hiciera, es por qué suele ser en las capitales estatales, especialmente en los países muy centralizados, donde los ciudadanos consiguen con unas aportaciones personales al erario no desproporcionadas unos servicios públicos de mayor calidad. Recientemente se ha dado a conocer el índice regional del poder de compra por habitante y año en Francia: figura en primer lugar la Île-de-France, cuya capital es París, con 23.334 euros, y a una distancia sustancial, con menos de 20.000 euros, Ródano-Alpes, cuya capital es Lyón.

Pero González insiste en su fórmula mágica. No solo reclama los más de mil millones adicionales al Gobierno del Estado sino que anuncia que seguirá limando los impuestos que de él dependen y que pese a eso los servicios públicos son y serán universales, gratuitos y de la máxima calidad mientras sea presidente. La verdad es que si cumple cuanto promete, este político es un mirlo blanco. ¿Por qué no aprovechamos mejor sus facultades taumatúrgicas dándole la responsabilidad de la jefatura del Gobierno? De hacerlo, España sería jauja. Economista.