Protestas: ¿escuchar o prohibirlas?

Durante los últimos años, los investigadores de temas políticos han empezado a dar una gran relevancia a la cuestión de la protesta y a su impacto en la identidad, el voto, las demandas ciudadanas, las políticas públicas y hasta en las instituciones.

Ya hace una década, tres académicos consagrados -Doug McAdam, Charles Tilly (†) y Sydney Tarrow-publicaron la obra The Dinamics of Contention en la que señalaban que era imposible interpretar la vida política de cualquier país sin tener en cuenta las movilizaciones impulsadas por millares de personas anónimas. Los mismos académicos han criticado que demasiados relatos políticos se han centrado solo en señalar las gestas individuales y los pactos entre las élites, ignorando la enorme cantidad de «bronca callejera» que precede y acompaña a cada uno de los acontecimientos políticos importantes. La tesis de esta nueva forma de comprender la historia es simple y dice así: no se puede ignorar la protesta en la calle.

EN EL CASO DE España la movilización ha sido un elemento clave para interpretar los episodios más trascendentes de la historia reciente, a saber, el período de la transición y, cómo no, esta última década (2004-2013). Sin duda, no se puede comprender lo acontecido desde el 2004 sin tener en cuenta cuatro grandes eventos de protesta.

El primer evento fue el de las movilizaciones posteriores a los atentados del 11-M del 2004 en Madrid que terminaron por decantar el resultado electoral de los comicios del 14 de marzo de forma inesperada: una multitud se movilizó contra la forma en la que el Gobierno de Aznar gestionó la información de los atentados y, al final, las urnas castigaron al PP y dieron la victoria al PSOE. El segundo evento -menos puntual pero igual de efectivo- fue la ola de movilizaciones impulsada por colectivos vinculados a la derecha política contra algunas iniciativas de la primera legislatura de Zapatero (la legalización del matrimonio homosexual, las negociaciones para poner final a la activida de ETA, o la reforma del Estatut de Catalunya) y que condicionaron las políticas del Ejecutivo socialista. El tercer evento fue la eclosión inesperada, a partir del 15 de mayo del 2011, de ocupaciones de espacios públicos (generalmente plazas) y que dio a lugar al movimiento de los indignados, del que posteriormente se activarían múltiples acciones de protesta decentralizadas en las que han destacado las impulsadas por la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca debido al despliegue de un repertorio de acción colectiva con una importante proyección mediática y por la conjugación de un discurso de derechos más que persuasivo. Y, finalmente, no se puede olvidar un cuarto y último evento: el de las concentraciones independentistas catalanas del 11 de septiembre del 2012 en Barcelona y el de la cadena humana a lo largo del litoral catalán un año después.

¿Qué nos indican estos cuatro eventos? Nos dicen que durante la última década las movilizaciones ciudadanas han tenido la capacidad de cambiar la dirección del voto, frenar (y transformar) proyectos políticos de los gobiernos, cuestionar la legitimidad de las autoridades e, incluso, poner en cuestión la integridad territorial del Estado. Y todo ello sin la presencia de ningún liderazgo personalista y sin contar con un partido que encabezara la protesta. Esto es exactamente lo que apunta el sociólogo Manuel Castells en su última obra Redes de indignación y esperanza. Castells deja claro en dicha obra que hoy en día una ciudadanía informada, conectada e indignada supone el mayor desafío para las autoridades.

PRECISAMENTE por ello no es casualidad que la última iniciativa del Gobierno del PP sea aprobar una normativa, que bajo el nombre de ley de seguridad ciudadana, con la que se quiere cercenar la capacidad de los ciudadanos de movilizarse y de protestar en una coyuntura caracterizada por el descrédito de los políticos y las instituciones, por la aplicación de políticas que atentan contra las condiciones de vida de la población más vulnerable, y por la incomodidad de amplios colectivos con la misma organización territorial del Estado.

Sin duda, la futura ley de seguridad ciudadana debería llamarse ley de seguridad del Estado, pues se inspira en la legislación autoritaria y punitiva desarrollada en muchos países después del atentado 11-S del 2001 en Estados Unidos. El peligro de aprobar dicha legislación, sin embargo, es evidente. Para la ciudadanía, porque la amordaza, y para el Estado, porque optar por una deriva autoritaria solo puede incrementar su descrédito, precisamente ahora cuando sería necesario legitimarlo a través de transparencia y el control.