Los silencios de un debate sobre Catalunya

"Iniciativa se ha aliado con quienes van a hacerle pagar un alto precio por un proyecto que, digan lo que digan, no tiene otra finalidad que romper la convivencia en Catalunya"

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Ramón Jáuregui, al fondo, atiende las explicaciones de Joan Coscubiela, el sábado pasado, durante un debate en el Teatre Joventut de L’Hospitalet.

Ramón Jáuregui, al fondo, atiende las explicaciones de Joan Coscubiela, el sábado pasado, durante un debate en el Teatre Joventut de L’Hospitalet. / RICARD CUGAT

El pasado 23 de noviembre asistí al debate entre Ramón Jáuregui Joan Coscubiela en el Teatre Joventut de L'Hospitalet sobre la reforma constitucional ante las relaciones de Catalunya con España. Asistí a sus intervenciones y a las correspondientes réplicas entre ellos. Francamente, la intervención de Coscubiela me inquietó en tanto que su presencia allí la hizo como diputado de ICV.Vaya por delante el aprecio personal por Joan y, desde luego, mi respeto y hasta admiración por su trayectoria sindical y su brillante e incisiva actuación en el Congreso de Diputados.

Pero el derecho a la crítica es compatible con este respeto. El primer problema que me sorprendió es que pretendiera justificar el llamado derecho a decidir, más allá de concreciones legales, porque la voluntad de las personas y de los pueblos anticipa, con su ejercicio, los derechos que luego se reconocen normativamente. Y se refirió, como precedente de ello, al derecho de huelga. Disiento de tal alegación. Porque, como es evidente, la huelga como hecho histórico siempre tuvo un contenido perfectamente definido: la cesación del trabajo por cuenta ajena para reivindicar intereses de los trabajadores.

Por cierto, tardó mucho en ser reconocido como derecho: concretamente hasta los pactos de Nueva York de 1966. Hoy por hoy nadie conoce el orígen y contenido del derecho conocido como derecho a decidir. Porque, como argumentó con acierto Jáuregui, es una forma amortiguada de referirse al derecho de autodeterminación. Derecho que, en ningún caso, puede atribuirse a Catalunya. En efecto, en la comunidad internacional se ha reconocido el derecho a la libre determinación de los pueblos, que no a la autodeterminación. Tiene lugar en un momento histórico completamente distinto del actual. El reconocimiento de tal derecho tiene lugar en plena dinámica anticolonialista, entre 1960 y 1966. Es decir, ante la necesidad de resolver la situación de los pueblos sometidos a la dominación colonial por las potencias occidentales, casi todas ellas vencedoras en la segunda guerra mundial.

Carta Magna de la descolonización

Es a estos pueblos a quienes se reconoce el derecho a constituir un Estado independiente de las respectivas metrópolis para superar definitivamente la sumisión en la que vivían. Reconocimiento que va asociado al reconocimiento de los derechos humanos a los hasta entonces súbditos de esos pueblos y, paralelamente, al derecho al desarrollo y la recuperación de sus recursos naturales. Todo ello da lugar a la resolución 1.514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, llamada 'Carta Magna de la descolonización'.

Por esta razón, la resolución parte del reconocimiento "del apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia". Y el texto de la resolución es claro y contundente al respecto. Por razón de "la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjera", se les reconoce el derecho de libre determinación" a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia.

Ya posteriormente, en los pactos de Nueva York de 1966, en pleno desarrollo de la descolonización, vuelve a reconocerse en el artículo primero que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación". Pero eso sí, partiendo del ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria". El alcance jurídico de este principio ha sido analizado por el Tribunal Internacional de Justicia respecto al Sahara Occidental (1975) y Timor Oriental (1995). Es muy evidente que nada tiene que ver con la Catalunya actual.

Con el partido més representativo de la derecha

Además me sorprendió que, durante su exposición, omitiera toda referencia a los partidos y coaliciones como la de ERC y CiU, que son quienes han puesto en marcha y conducen el proceso a la pretendida independencia. Proceso al que se ha sumado, a mi juicio erróneamente, ICV. Alguien que desconociera el espacio político catalán, podría entender que dicho proceso ha sido creado y es conducido por ICV. Resulta preocupante que un diputado de ICV plantee el confuso e inconsistente “derecho a decidir” ocultando que el proceso en cuestión está guiado, con las ambigüedades oportunas, por el partido más representativo de la derecha catalana --Convergència Democràtica--, con el necesario apoyo, dada su debilidad parlamentaria, de ERC. Así resulta de los acuerdos parlamentarios que se refieren a la transitoriedad jurídica hasta alcanzar estructuras de Estado y otras formulaciones que expresan claramente la voluntad de secesión respecto de España, con independencia del marco democrático vigente.

Coscubiela no puede ocultar en un acto público con ese objetivo que esa derecha es la que está retribuyendo a altos cargos de la Generalitat con sueldos anuales muy superiores a 100.000 euros, mientras alega cínicamente que "España nos roba", que esa derecha está desmantelando el sistema público de salud --cuando el tiempo medio de espera en Catalunya para una intervención quirúrgica ha aumentado un 30%--, que los altos cargos del gobierno de esa derecha incumplen impunemente la ley de incompatibilidades, como ha advertido la Oficina Antifrau ante el 'caso Padrosa', que esa derecha que mantiene en sus cargos electivos a imputados por corrupción, como Oriol Pujol, o a responsables políticos de los Mossos ante abusos policiales inadmisibles en un Estado de derecho, que esa derecha derogó inmediatamente después de alcanzar el poder el Código Ético de la Policía aprobado por el 'conseller' Saura, y así sucesivamente.

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Amigo Joan, no puede ocultarse que estáis aliados, llámese como se quiera, con quienes van a haceros pagar un alto precio por un proyecto que, digan lo que digan, no tiene otra finalidad que romper la convivencia en Catalunya y, desde luego, segregarse de España. No es ese, a mi juicio, el proyecto que corresponde a ICV-EUiA, partidos de izquierda, que deben aglutinar a las clases populares y plantearse como horizonte principal y casi único superar la falta creciente de libertades y acabar con las desigualdades sociales.

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