¿De qué valores hablamos?

Hace ya un cuarto de siglo. Un tiempo dedicado a la lucha en las trincheras judicial y legislativa, que ha conseguido hacer madurar una fruta aunque todavía no se pueda coger del árbol. La Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas (CEMA) organizó su primer congreso en Barcelona bajo el lema Las agresiones a las mujeres, tras su nacimiento en 1987. Ese era un problema capital. En aquel momento la violencia contra las féminas era, por supuesto, un río subterráneo, cuyo cauce era silenciado y cubierto en la superficie por una hojarasca legal y consentida. Las leyes contemplaban el castigo por agresión pero sin ver el motor machista que las propulsaba. Las ponencias presentadas por CEMA este año, de vuelta a Barcelona, detallan los avances conseguidos en esta materia que no son pocos aunque pasen desapercibidos para la mayoría de la población, todavía descolgada de este problema social.

Y a esta población es bueno recordarle que sin el trabajo de colectivos como CEMA no hubiera visto nunca la luz la ley integral contra la violencia de género (2004) y que únicamente se podrá ir arañando más derechos si las personas comprometidas siguen en la brecha. Ni conformarse con lo logrado ni regodearse en las dificultades existentes: simplemente ver en la lista lo que ya está tachado y lo que queda pendiente. Para las personas legas en materia jurídica, la ponencia de Mª Aránzazu Juan-Aracil Elejabeitia nos arrastra al núcleo de la discusión y al por qué la violencia machista no encaja en un Estado de derecho. Observa la abogada sobre el Código Penal de 1995: «El bien jurídico protegido trasciende y se extiende más allá de la integridad personal al atentar el maltrato familiar a valores constitucionales de primer orden como el derecho a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad». Efectivamente estamos hablando de valores en democracia, es decir, sin salvoconductos ni interpretaciones torticeras basadas en la biología, la tradición o la religión. Si el apartheid era atentatorio contra el derecho a la igualdad ciudadana y se sustanciaba con violencia, ¿cómo no puede interpretarse la violencia machista como la resultante del mismo desequilibro entre iguales?

La experiencia de las abogadas de CEMA corre en paralelo a la progresión experimentada por la sociedad española desde aquel 1987 cuando sectores de la judicatura traslucían el latir de la sociedad española que no reprobaba actitudes contra las féminas ciertamente reprobables, especialmente porque ellas eran pasto de la indefensión. Y, para ello, hay que volver al mismo concepto de violencia machista. Y, a la vez, aceptar que nos quedan muchas millas por delante hasta que los pasos hechos en la legislación encuentren justa correspondencia en su aplicación. Falta aún muchas medidas para proteger a las víctimas. Faltan recursos, falta preparación en género de las personas destacadas en este sector. Y falta sintonía, corean las abogadas conocedoras del paño, con las normativas que trabajosamente se han aprobado o modificado. Y aquí va un dato de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial del 2013: en los casos de violencia de género el tanto por ciento de las sentencias condenatorias es mucho menor que en otros delitos. En el 2012, el 49,40%. Es el único delito en el que las absoluciones son superiores a las condenas. Otro dato oficial, frente al 78% de órdenes de protección dictadas en el 2004 se ha pasado al 66% en el 2011. Cuando la violencia machista vuelva a asesinar, no hagamos tanto énfasis en sí ella había denunciado o no. Destripemos hasta el fondo. Se lo debemos.