Otra grieta grave del soberanismo: la seguridad

"Tras su triunfo electoral, CiU derogó el Código Ético de la Policía con un único fin: amparar prácticas policiales lesivas de los derechos humanos"

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Imágenes del vídeo en que se ve a los mossos reduciendo y golpeando a Benítez y cómo los sanitarios del SEM lo intentan reanimar luego.

Imágenes del vídeo en que se ve a los mossos reduciendo y golpeando a Benítez y cómo los sanitarios del SEM lo intentan reanimar luego. / EL PERIÓDICO

La resolución del Parlament de 27 de septiembre sobre el futuro de Catalunya es una suma de propósitos confusos y de manifiestos errores. Pero, sobre todo, pretende construir un llamado proceso de “transición nacional” a partir de una realidad, la actual, que expresa a un tiempo el desmantelamiento del Estado social de derecho y políticas autoritarias, es decir, describe un futuro que inspira temor a los ciudadanos demócratas.

El pasado 15 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, con ocasión de la causa abierta contra varios mossos por la violenta muerte de Juan Andrés Benitez en el Raval, afirma que respecto al “delito contra la vida” que se persigue, se “estima clara y meridiana la implicación de todos los imputados” por lo que adopta medidas cautelares contra ellos. Es la última actuación contra la violencia policial de ese cuerpo. Pero es una continuidad que viene de lejos. Entre los años 2008 y 2010, se incoaron contra los mossos 605 procedimientos penales, por los que se celebraron 383 juicios orales.

Los jueces y tribunales dictaron 355 absoluciones y 28 sentencias condenatorias. Son cifras oficiales y aterradoras, pese al bajo porcentaje de las condenas. Por todo ello, se adoptaron medidas para prevenir los abusos como, entre otras, la instalación de videocámaras en los centros de detención policial. Pero, sobre todo, se creó el Comité de Ética de la Policía que elaboró el Código Ético de la Policía, aprobado el 17 de noviembre del 2010, para favorecer la reacción ciudadana ante dichos abusos y, especialmente, regular con mas precisión y exigencia el cumplimiento de las funciones policiales con pleno respeto a los derechos fundamentales. Este comité debía formular un informe anual sobre el grado de aceptación y cumplimiento del código.

Pero, tras el triunfo electoral de CiU, coalición a la que tanto apoya ahora ICV, el 'conseller' Puig, artífice de una política esencialmente represiva, el 26 de enero del 2011 derogó el Código Ético como muestra del rechazo a una concepción democrática del orden público.También para satisfacer las ansias revanchistas de los sindicatos policiales contra la aprobación de dicho código. Y el comité quedó en dique seco.

Escalada de violencia y más causas judiciales

Las consecuencias no se hicieron esperar. Una escalada de violencia policial y un incremento de causas judiciales. Los ejemplos son incesantes. Noticias como 'Imputados tres mossos por la detención de un periodista', 'A juicio dos mossos por golpear un motorista', 'La muerte de un empresario enfanga otra vez a los Mossos' y así sucesivamente. La situación es tan grave que el Govern, por decreto 222/2013, de 3 de septiembre, se ve obligado a crear un nuevo Comité de Ética de la Policía, eso sí, con unas funciones más limitadas que las del anterior, con “una naturaleza eminentemente asesora” sobre “materia de ética policial” y, con toda clase de precauciones, se le atribuye “contribuir al impulso de las propuestas oportunas para la elaboración y actualización de la normativa deontológica policial y, si procede, a su codificación...”.

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Por si acaso, no caben mas reservas legales. Pero el agravamiento de la situación ha llevado a la resolución parlamentaria ya citada, en su apartado XXVI-8 sobre “Seguretat”, a referirse “al recién creado Comité de Ética de la Policía”, lo que evidentemente no responde a la verdad y, lo que aún resulta mas mezquino, encomendarle “la redacción del Código de Ética de la Policía de Catalunya…” para fomentar “las buenas prácticas policiales”. Código ya existente y derogado por el propio Govern de CiU con un único fin, como enseguida se comprobó, amparar prácticas policiales lesivas de los derechos humanos. Ese es el llamado “Estado propio” al que aspiran. Los ciudadanos catalanes, democráticamente, lo impediremos.

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