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El 19 de noviembre Naciones Unidas nos convoca a celebrar el Día Mundial del Saneamiento, recordándonos que 2.600 millones de personas no tienen hoy en día garantizado el acceso a un saneamiento adecuado, y que de cara en 2015 si no cambiamos el rumbo actual la situación, lejos de mejorar, podría empeorar llegando a los 2.700 millones, una de cada tres personas. Datos especialmente graves, ya que tienen un impacto directo sobre la salud de las personas. Traducir estos datos con la cruda realidad que representan nos lleva a hablar de la muerte de más de 1,6 millones de niños y niñas al año por falta de un saneamiento adecuado y agua potable, por citar un ejemplo.

En palabras del propio director de la Organización Mundial de la Salud: "El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública. Cuando podamos garantizar el acceso al agua potable ya instalaciones sanitarias adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de sus condiciones de vida, se habrá ganado una importante batalla contra todo tipo de enfermedades". Esta asequibilidad vinculada al acceso al saneamiento nos lleva a recordar que, además, no estamos sólo ante un servicio básico, sino que desde el 2010 el saneamiento es un derecho humano. Hay que matizar que no se trata de un derecho que los estados pueden o no reconocer, sino que es un derecho que todas las personas tenemos por el hecho de ser personas. Los gobiernos y las administraciones competentes tienen la responsabilidad no sólo de garantizarlo, sino también de protegerlo, respetarlo y promoverlo.

Así pues, si podemos relacionar el agua con la vida, podemos establecer una fuerte relación entre el saneamiento y la salud pública. Son precisamente estos vínculos los que evidencian que el ciclo integral del agua es una responsabilidad primordial de todo país. En definitiva, tenemos la responsabilidad de garantizar que la vida y la salud de las personas sean los principios rectores de toda la gestión diaria de ciclo.

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En este sentido, se hace difícil justificar un modelo de país que tolera y, incluso, protege ataques al medio como son la contaminación por potasa del Llobregat o los purines en el Ter, por citar algunos ejemplos. Un modelo que no sólo permite que quien contamina no pague, sino que promueve el interés lucrativo de unos pocos por encima de la salud del resto. Como también se hace difícil justificar que se quieran privatizar todas las depuradoras de la Generalitat, siendo conscientes de la nula capacidad del Govern para regular, y por lo tanto garantizar una buena gestión, si esta es externalizada.

Estoy convencido de que si todos los esfuerzos que se hacen para poner un contador en cada parte del ciclo del agua, y por lo tanto hacer negocio con cada una de las gotas que circulan por nuestros ríos, se destinaran a garantizar un buen servicio y un buen estado de las masas de agua, el coste del servicio para toda la ciudadanía sería menor y la eficiencia y la calidad del agua mucho mayores. Quizá es que no queremos ser eficaces, quizá algunos creen que para salir de la crisis está justificada la violación de los derechos humanos. Pero si levantamos la cabeza veremos que lo que está en juego va más allá de salir o no de la crisis, lo que está en juego hoy es la dignidad y salud de las personas.