Réquiem por Canal 9

La polémica decisión del presidente valenciano, Alberto Fabra, de cerrar lo antes posible el canal público autonómico ha despertado la indignación de colegas de profesión y de la oposición valenciana que se ha apresurado a garantizar la reapertura del canal de TV si gobiernan en las próximas elecciones.

Canal 9, del mismo modo que el resto de televisiones públicas, ha sido criticada por su utilización partidista y por la falta de imparcialidad a la hora de abordar la actualidad. Unas acusaciones que ahora se ven reforzadas por los testimonios de trabajadores que se veian presionados para “enfocar”, “vetar” o “favorecer” determinadas noticias y personajes.

Las televisiones públicas, financiadas mayoritaria o totalmente por los impuestos, no deben estar sujetas a la tiranía de la audiencia como las privadas, cuya fuente de financiación es la publicidad. Del mismo modo, que el resto de servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos, el objetivo de estos medios de comunicación es estar al servicio del ciudadano-contribuyente, realizar una programación de calidad que huya de los colores del gobierno o del rosa o amarillo que tanta aceptación pública tienen.

En el contexto de grave crisis económica, de déficit de las administraciones públicas, de recortes y privatizaciones en general, el debate de las televisiones públicas está siendo reducido a un tema de costes económicos, sin un debate político que defina para qué deben servir los medios públicos y cómo se pueden financiar en un contexto de crisis económica.

Lamentablemente, los perjudicados en el caso de Canal 9, como en el de la estafa de las preferentes, de los desahucios hipotecarios, de los proveedores impagados de las administraciones públicas, son aquellos que no tienen la responsabilidad de la gestión política y económica que ha conducido al lamentable cierre repentino de la televisión pública valenciana.