20 feb 2020

Ir a contenido

Los desafíos del municipalismo

Reforma local y financiación

Xavier Amor

Mancomunar servicios bajo el liderazgo de los alcaldes es más eficaz y barato que recentralizar

El municipalismo es clave para afrontar el contexto de crisis económica, política e institucional que vivimos. Lamentablemente, dar más peso a los ayuntamientos no es el camino que han escogido las administraciones superiores. Las nuevas leyes de administración local que se abordan en el Congreso y en el Parlament amenazan con dejar a los alcaldes sin la capacidad de prestar los servicios que garantizan el Estado del bienestar: nos dejarán sin la posibilidad de ayudar a nuestros vecinos y vecinas que, hasta hoy, continúan acudiendo a nosotros en busca de soluciones.

La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local del Gobierno español es inasumible por los ayuntamientos. Por muchos motivos, pero especialmente porque supone un retroceso para el mundo local, atenta contra nuestra autonomía y hace desaparecer muchas de las competencias. Se pierde, por tanto, la gestión de muchas facultades que afectan directamente a nuestros conciudadanos en áreas como, por ejemplo, educación, servicios sociales o promoción económica. Además, da excesivo protagonismo a las diputaciones y quita poder a los ayuntamientos, especialmente los de menos de 20.000 habitantes, que verán como sus competencias se trasladan a administraciones supramunicipales y serán gestionadas desde la distancia. Especialmente preocupante es la situación que plantea para los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 75% del total.

Esta ley supone una pérdida de calidad de los servicios y, lo que es más grave, un debilitamiento de la democracia. La ciudadanía no tendrá motivos para ir a votar a unas elecciones municipales porque los alcaldes perderán la capacidad de gestionar los servicios locales en favor de administraciones de segundo grado gestionadas por personas que no han sido elegidas. Creemos que es mucho mejor avanzar hacia mancomunar servicios por territorios y bajo el liderazgo de los alcaldes. Esto sí es más eficaz y supone un ahorro real.

Y nos encontramos además con el dilema de cuál será la ley local que acatarán los municipios catalanes. Hoy, la Generalitat dice que la ley estatal no es de aplicación en Catalunya. Pero el informe del Consejo de Estado dice que puede condicionar el desarrollo de la ley catalana. Me consta que se negocia el encaje de la ley entre el Estado y la Generalitat. La Federació de Municipis estará al lado del Govern reclamando los derechos de nuestro país para legislar sobre el mundo local.

Con la misma claridad y contundencia digo que el Govern nos tendrá enfrente defendiendo los intereses del municipalismo catalán. El proyecto de ley de gobierno local de la Generalitat tampoco es la solución para más y mejor municipalismo. La Federació no apoyará el texto si no va acompañada de la ley de financiación local. Propondremos al Govern una fórmula que garantice que los ayuntamientos prestemos nuestras competencias con recursos y condiciones adecuados.

Hay que fijar una participación de los entes locales en los ingresos de la Generalidad que dé estabilidad a las finanzas locales y que se corresponda con la evolución de los ingresos totales del Govern. También se deberían modificar las leyes básicas para adaptar las participaciones de tributos y subvenciones incondicionadas que se reciben del Estado a las necesidades y condiciones que requieren los entes locales de Catalunya.

No hay que hacerlo todo de golpe. Se puede acordar una implantación progresiva. Pero no se puede aplazar más: los ayuntamientos tenemos que dejar de ser la cenicienta del Estado y de la Generalitat. Además, es necesario que la construcción del nuevo modelo local sea revisado en profundidad con el mismo espíritu que el Estatut daba a los municipios: respetando los principios de autonomía, diferenciación, eficiencia y proximidad.

Debemos ser plenamente autónomos para tomar nuestras decisiones, aunque compartimos responsabilidades y espacios de decisión con otros niveles de administración. Porque somos buenos gestores. Dos cifras lo ponen de manifiesto: el déficit público local representa el 2% del total, mientras que el endeudamiento equivale al 4,5% del PIB.

Ahora bien, los ayuntamientos sufrimos la deuda que tienen contraída con nosotros el resto de administraciones. La Generalitat dice que nos debe 600 millones, pero nosotros calculamos que son 1.200. Sea cual sea la cifra final, tampoco podemos sufrir más esta deuda. Por eso pido al Govern que nos pague. Porque si no lo hace quizá no podremos pagar a los proveedores. Y no podemos aumentar más la presión fiscal, ni a la ciudadanía ni a las empresas. Las soluciones pasan por el diálogo, el consenso y la unidad de acción.