El subrogado, un colectivo precarizado

Existe un colectivo profesional que sufre mucho la precarización pero que es prácticamente invisible por los medios de comunicación y los agentes sociales. Nos referimos a la figura del subrogado: aquel profesional que suele trabajar en el ámbito socioeducativo para una Administración pero que está contratado por un tercero. Hay muchos otros trabajadores que prestan sus servicios a través de un tercer empleador (como puede  ser el personal de limpieza, de vigilancia o de seguridad, o camareros/as de planta, etcétara), pero aquí nos referimos a las personas que atienden a colectivos muy sensibles como la infancia, las personas mayores o las personas en situación de riesgo social. Son los cuidadores o monitores de integración que atienden a niños con dificultades en la escuela, trabajadores familiares, monitores de comedor, educadores en centros abiertos, en prisiones, educadores de calle, maestros de guarderías, dinamizadores de centros sociales y para la gente mayor. Y nos referimos a ellos como una nueva categoría de trabajadores por la precarización de muchas de sus condiciones laborales, precarizaciones que van más allá del salario.

Estos servicios de atención a las personas donde ejerce su labor el subrogado suelen ser de titularidad pública (un gobierno, un ayuntamiento, una escuela) o de una entidad sin ánimo de lucro. El titular saca a concurso la externalización de un servicio, y pueden presentarse desde entidades sociales hasta empresas de grandes dimensiones que tienen menor o mayor sensibilidad hacia la actividad, hacia las personas atendidas y hacia las condiciones de los trabajadores.

Además, este tipo de concursos antes se adjudicaban a un mismo organismo (entidad o empresa) por un período de tiempo que permitía implantar y consolidar un proyecto, pero actualmente se otorgan por períodos más cortos, año a año, y se van dando a diferentes operadores. Las razones de este cambio de actuación se encuentran en la incertidumbre económica, que hace que los titulares del servicio sufran por la estabilidad presupuestaria y la falta de medios, y así intenten cada vez rebajar unos euros. Con un concurso anual se puede pedir cada vez más por menos, y por las necesidades del momento siempre se encuentra a alguna empresa o entidad que quiera hacerse cargo del servicio.

El resultado de concursos cortos y escasos de presupuesto suele ser el empeoramiento de la calidad de los proyectos de atención a las personas y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores que realizan este servicio. «Hace cinco años éramos 11 personas y teníamos un presupuesto anual de 12.000 euros para los gastos de material, salidas y productos higiénicos para los niños. Ahora somos seis personas, el presupuesto anual es de 1.500 euros y hemos perdido los locales». Así se expresaba una diplomada universitaria en Educación Social responsable de dos centros de atención a la infancia con grandes carencias sociales. Esta educadora social también describía los diferentes tipos de empresas y entidades que han ido gestionado este servicio de atención a la infancia en riesgo: «La primera quebró y nos dejó a deber el salario de unos meses; la segunda no estaba suficientemente capitalizada y lo tuvo que dejar debiéndonos seis meses de salario, aunque hemos terminado cobrando; y la tercera es nueva de este año y de momento nos paga bien».

El momento es difícil laboralmente para muchos, pero es triste constatar que se establecen condiciones sin demasiada sensibilidad hacia los trabajadores. Se abaratan los salarios sin que quien lo sufre tenga las mínimas posibilidades de expresar su disconformidad por la precariedad de la relación laboral. Se exige un nivel de calidad en el trabajo difícil de ofrecer con inestabilidad laboral, con cambios de criterio anuales al cambiar la organización adjudicataria y con ella las personas de referencia.

Aceptamos como modelo de gestión la externalización de servicios, y se entiende la falta de recursos agravada por la crisis, pero hay que estabilizar las condiciones de los servicios para la dignidad de los profesionales contratados y para la dignidad en la prestación de los servicios a las personas. Por la estabilidad de todos es preciso contratar para periodos de al menos tres o cinco años.

Procuremos que estas externalizaciones sean hacia entidades no lucrativas, dándoles margen de maniobra para trabajar desde la complicidad, la cercanía y el buen trato a las personas, y abordando conjuntamente y desde el conocimiento las especificidades del servicio. Puede que no haya presupuesto, pero eso no exime de hacer las cosas lo mejor posible y teniendo en cuenta por encima de todo a las personas, las beneficiarias y las prestadoras del servicio.