El 'status quo' no existe

Castellano lengua vehicular. Definición de las materias troncales des del Ministerio. Revalidas. Liberalización de los horarios comerciales. Limitación de la autonomía local. Reducción de la inversión estatal. Control de la actividad exterior. Deslealtad institucional. I la propuesta del ministro Gallardón de provincializar la primera instancia del poder judicial. El estado de las autonomías que se pactó en 1978 es historia. La negación de la realidad catalana que vivimos hoy en España llega hasta el punto de no reconocer la diferencia –histórica, cultural, lingüística– que la misma Constitución admite: la distinción entre “regiones” y “nacionalidades” que forman el conjunto del estado. Buscan la uniformización total.

En este horizonte no se intuye un cambio de estrategia del PP, pienso que la decisión de no ceder ante las pretensiones catalanas, está tomada, y lo comprobamos con las declaraciones de sus líderes. “No pienso cambiar cromos con Catalunya”, dice Rajoy; “tenemos que fortalecer las instituciones y ordenar la vida del estado del modo que mejor convenga a la nación”, dice Aznar.

Está claro que con el argumento de la racionalización y la reducción del gasto, los populares creen que tienen la oportunidad de eliminar el status quo. Cada viernes, a golpe de ley, se ponen las bases de una España “grande y unida” sin tener en cuenta los otros pueblos que forman el estado. Y lo peor de todo es que el proyecto del PSOE no difiere de este modelo. Aunque mantiene las apariencias, la receta federalista tampoco admite la consulta y pretende cerrar definitivamente el modelo territorial, “ergo” poner límites a las aspiraciones catalanas.

Conclusión: ninguno de los partidos estatales responde a las reivindicaciones mayoritarias expresadas en el 25N, y es más, su proyecto va en dirección contraria al reconocimiento de Catalunya como sujeto político. Por tanto, cuando seamos citados a las urnas –sea en una consulta o en unas elecciones– debemos tener claro que la opción de quedarnos como estamos, en realidad, no existe.

El ministro Gallardón

La última reforma que prepara el ministro de Justicia es la “provincialización” del poder judicial. Gallardón propone centralizar la actividad de los tribunales de primera instancia y las audiencias provinciales a las capitales de provincia; esto a la práctica inutiliza a los partidos judiciales y elimina la proximidad de los juzgados, ya que el acceso a la justicia queda sujeto a las posibilidades de desplazamiento del ciudadano. Además, la reforma repercute en el control que éste puede ejercer sobre la administración mediante la jurisdicción del contencioso administrativo.

Las reformas de Gallardón, algunas desapercibidas, plantean cambios estructurales que afectan directamente a la organización territorial del estado y a la separación de poderes. Esto es fácilmente observable en la reforma del Consejo General del Poder Judicial y en la capacitación de los jueces para inhabilitar cargos públicos en caso de imputación. Peligroso, este último punto, si pensamos en la campaña electoral de las elecciones catalanas del 25N y en los informes anónimos del Estado.