Jugando a pillar con los fármacos

¿Quién no ha jugado nunca a pillar? Con el paso del tiempo es un buen hábito que se va perdiendo, puesto que es un juego bastante interesante, como la mayoría de los juegos de niños: es entretenido, mejora la agilidad y combina táctica y velocidad. Como en la mayoría de los juegos, cuando hay mucha diferencia entre jugadores se convierte en aburrido, porque siempre se pilla al mismo y siempre están los que se escabullen. Parte de la gracia del juego consiste en un cierto equilibrio entre los jugadores y que se mantenga el incentivo de correr, ya sea para pillar o no. Y el juego suele acabar cuando alguno de los jugadores decide traspasar toda la carga del juego a quien es pillado, el temido "pillado y no juego".

Con la innnovación en el sector de la salud pasa un poco lo mismo que en el juego: el emprendedor (que arriesga su dinero en un proyecto) lo hace porque cree que en el terreno de juego hay otros jugadores que tienen ganas de ser perseguidos y a quienes en algún momento puede pillar, es decir, que existe la posibilidad de que aquel nuevo desarrollo se transforme en una compra. En el campo de la política farmacéutica vivimos últimamente instalados en el desconcierto. Por un lado, legislamos a base de reales decretos, fruto supuestamente de la necesidad urgente (los incrementos presupuestarios anuales en torno a dos cifras porcentuales han sido la tendencia desde principios de siglo). Por otro lado, el comprador natural se ha manifestado como imprevisible cuando decreta bajadas de precios de medicamentos de manera unilateral. El escenario es percibido por muchos de los actores como desconcertante, entre el «pillado y no juego» y la gallinita ciega.

Extrañamente, la decisión de la ministra Ana Mato de cobrar por ciertos medicamentos de uso hospitalario ha levantado poca polvareda. Intentemos racionalizar. Para que un fármaco sea catalogado de uso hospitalario tiene que proponerlo el ministerio atendiendo, entre otras, a razones de gravedad de la enfermedad y de control de la dispensación de productos. Quien fija los precios de los fármacos es el ministerio, y lo hace atendiendo a unas negociaciones con los promotores de la innovación según criterios epidemiológicos y de gasto. Ahora resulta que se quiere cobrar un copago (técnicamente, una 'carga para el usuario'), una medida que sirve para contener la demanda (que la Administración previamente ha estudiado y limitado con el establecimiento de unas reglas de prescripción, dispensación e indicación estrictas) o aumentar los ingresos (cuando ya la Administración ha fijado los precios).

Que los costes de la implementación de la medida serán altos es probable, como lo han sido medidas parecidas en el Reino Unido, y quién sabe si superiores a la posible recaudación. Los precedentes del cálculo del impacto del incremento del IVA no son un buen presagio. Que el copago es inequitativo no es discutible. Los incrédulos, que revisen la tendencia de gasto en prescripciones farmacéuticas de los últimos años y verán que el euro por receta (otra forma de carga al usuario) o el incremento del copago de los productos de dispensación ambulatoria redujeron el consumo de manera desproporcionada. O que la introducción tardía de las medidas de copago en el País Vasco reproduce esta tendencia.

Que los menos ricos están más enfermos tampoco se discute. Es una obviedad que los que menos tienen pagan más en fármacos. Imponer un copago en los productos de distribución hospitalaria no se puede entender. Supuestamente son fármacos caros porque aportan mucho beneficio para una gente muy enferma -diagnosticada por los profesionales del sistema público- y porque se dispensan en un sistema público. ¿Qué mas falta para controlar la indicación? ¿Qué puede hacer el enfermo? No hay ningún motivo económico (no es un mercado libre, sino regulado), sanitario (el diagnóstico lo hace un tercero) ni moral (¡faltaría más!) para hacerle pagar.

Quizá el problema está en el establecimiento del valor de estos fármacos, y si valen lo que cuestan. Es un problema muy diferente. Quizá requiere un análisis del sistema de establecimiento de precios en España, en Europa y en el mundo más avanzado. Otro problema sería que los sistemas de control interno de la prescripción-dispensación no sean suficientemente eficaces, pero esto no se debería trasladar a unos pacientes que no han decidido libremente que quieren tomar una medicación sino que alguien se la ha prescrito. Si el sistema no funciona, el problema es de la cadena de establecimiento de valor, no del usuario. Si creemos que el sistema funciona, es una opción que podemos discutir. De lo contrario, pagas y no juego.