Como siempre, víctimas ensalzadas y víctimas olvidadas

Hablamos de la guerra civil. Con motivo de los fastos que se preparan en Tarragona del día 11 al 13 de octubre. El objeto es reproducir, con algunos actos complementarios, la celebración en el Vaticano de la beatificación de los 522 sacerdotes y religiosos asesinados en toda España durante los primeros meses de la sublevación militar dirigida por el general Franco. Son calificados como “mártires del siglo XX en España” y “firmes y valientes testigos de la fe”. Es evidente que merecen nuestro respeto y el absoluto rechazo de la violencia que provocó sus muertes. Es un acto que resulta ofensivo a la memoria del cardenal de esa ciudad, Vidal i Barraquer, fallecido en el exilio y calificado con razón como “el cardenal de la paz”.

La Iglesia católica continúa en su línea de encumbrar a sus víctimas. Ya ha celebrado, desde 1987, 14 ceremonias de beatificación respecto de 1.001 sacerdotes muertos violentamente en dicha contienda. Hoy nadie duda de que ello fue una realidad acreditada. Así consta, entre otras fuentes, en la obra de Anthony Beevor (1).

Pero también es cierto que, con independencia de las personales convicciones de las víctimas ahora honradas, es evidente el papel que desempeñó la jerarquía católica ya desde antes del golpe militar y, particularmente, después. Beevor se refería al poderoso papel político que desde hacía siglos había jugado la Iglesia de España, corazón de las fuerzas más conservadoras del país y baluarte de lo que la derecha definía como “civilización española”. Bastan dos referencias. La carta pastoral de los obispos de Pamplona y Vitoria del 6 de agosto de 1936 llamando a los fieles a apoyar el “alzamiento” y, sobre todo, la carta del obispo Plá y Deniel del 30 de septiembre del mismo año, en la que se justificaba el “alzamiento de la nación en armas” “para restablecer el orden” y se le calificaba de “cruzada”. Los ejemplos de la estrecha alianza de la Jerarquía y gran parte de los sacerdotes con los rebeldes son innumerables (2).

La República, a tenor de lo dispuesto en la Constitución de 1931, aprobó entre otras normas la ley del divorcio y la ley de confesiones y congregaciones religiosas. El planteamiento expresado por dichas disposiciones fue objeto de una ofensiva total por los sublevados desde el inicio del golpe, constituyendo uno de los fundamentos de su pretendida legitimidad. Las normas dictadas para el desmantelamiento del Estado aconfesional fueron varias, pero algunas de ellas merecen ser consideradas ya que expresan meridianamente la plena colusión de la jerarquía católica con los golpistas y el apoyo indiscriminado de aquella a la represión fascista durante la guerra civil y a partir del 1 de abril de 1939.

Ya implantada la dictadura, la ley de 9 de noviembre de 1939 deroga la de 6 de abril de 1934 y restablece el presupuesto del clero con un preámbulo digno de mención: “El Estado español, consciente de que su unidad y grandeza se asientan en los sillares de la fe católica, inspiradora suprema de sus imperiales empresas y deseoso de mostrar una vez más y de una manera práctica su filial adhesión a la Iglesia”, decide restablecer dicho presupuesto “al abnegado clero español, cooperador eficacísimo de nuestra victoriosa cruzada”, reconocimiento formal y expreso del apoyo prestado por la jerarquía católica que, naturalmente, alcanzó al conjunto de la política represiva. Luego, a los párrocos se les confía legalmente una activa participación en la represión, al concederles intervención en la aplicación de la ley de responsabilidades políticas.

Posteriormente, el Gobierno de Franco y la Santa Sede celebran el convenio de 7 de junio de 1941, sobre el ejercicio del privilegio de presentación para el nombramiento de obispos, acordándose la vigencia parcial del Concordato de 1851 que en su artículo 1 decía lo siguiente: “La Religión Católica, Apostólica, Romana que con exclusión de cualquiera otro culto continúa siendo la única de la Nación Española, se conservará siempre en los dominios…”, expresión suprema de la definitiva implantación del nacionalcatolicismo en España.

Mientras la Conferencia Episcopal prepara este fasto, el Gobierno de Catalunya, envuelto de tal manera en su bandera que parece haberse vuelto ciego ante los derechos de los ciudadanos, ha disuelto las instituciones del Memorial Democràtic y ha olvidado a las víctimas de la dictadura, incluido al que fue su dirigente histórico, fusilado por el dictador, Carrasco i Formiguera. Pero, sobre todo, el Gobierno de España ha enterrado la ley de la memoria histórica, norma jurídica vigente, con gravísimas consecuencias. Esencialmente, que las víctimas de la dictadura, salvo ciertas reparaciones económicas, han quedado en el desamparo más absoluto.

Frente a la celebración eclesiástica que comentamos, que expresa una voluntad de recuperación de “su” memoria, el Gobierno de España y, ahora, el de Catalunya, con la colaboración de los jueces y fiscales, están aplicando una deliberada política del olvido de los crímenes contra la humanidad de la dictadura, lo que significa un rotundo 'no' a los derechos humanos, reconocidos internacionalmente, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es especialmente hiriente la ofensa y el menosprecio que ello representa, y por ello los citamos, para las víctimas mortales y sus familiares de la represión franquista que, de acuerdo con un reciente estudio global del historiador Francisco Espinosa Maestre, fueron 130.199. Y, además, para los familiares de los 114.266 desaparecidos (3) que permanecen en mas de 1.000 fosas comunes aún por investigar.

Una vez mas, la dictadura se hace presente ante unas instituciones democráticas, incluidas las catalanas, complacientes con el franquismo y el totalitarismo.

(1)) 'La guerra civil española'. Editorial Crítica.2005. Pág. 119.

(2) 'La crisis de Estado: dictadura, república, guerra'. Editorial Labor. 1981. Cap. VIII. 'La cuestión eclesiástica'. Págs. 384-385.

(3) Según el auto de 16 de octubre del 2008 del juzgado central nº 5 del sumario 53/2008.