02 abr 2020

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Una lacra política

¿Castigamos la corrupción?

Joan Ridao

Es posible que el próximo ciclo electoral sancione a los corruptos y el problema no se cronifique

Durante años, nuestra sociedad se ha mostrado indiferente a la corrupción. Tradicionalmente, la vida pública no se había visto alterada por este tipo de episodios, salvo en el caso Filesa, merecedor de una severa sanción electoral a finales de los años 90, en plena deriva del felipismo gobernante. Parecía como si la sociedad no se inmutase, bien porque la situación económica era espléndida o bien porque ella misma era consciente de que estaba igualmente corrompida. Alejandro Nieto ha descrito esta singular situación de forma metafórica: «El delincuente no suele escandalizarse de los relatos de sus compañeros de celda». No en vano, fenómenos como el de Gil y Gil en Marbella (con muchos paralelismos con el de Berlusconi en Italia) solo se entienden porque muchos de sus votantes se identificaban con la idiosincrasia del personaje y con la filosofía de «roba pero hace».

Esta impresión la podemos objetivar con los datos del Barómetro Global de la Corrupción del 2004, en el que se pidió a los encuestados que puntuasen la gravedad, en sus respectivos países, de ocho problemas públicos en una escala de 1 («no afecta en absoluto» ) a 4 («problema grave»). Los entrevistados españoles situaron la corrupción política en el cuarto lugar, después del terrorismo/inseguridad/violencia, el desempleo y la pobreza, y al mismo nivel que la inflación, los problemas ambientales o la violación de derechos humanos. Los «actos de corrupción menor» aparecían en el último lugar. La prueba empírica de esta evidencia estadística la tenemos en el comportamiento electoral del último periodo: por poner solamente un ejemplo, el Partido Popular ha ido ganando las sucesivas elecciones en el País Valenciano o Baleares a pesar de estar anegado hasta el cuello de imputaciones y causas judiciales. Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, lo resumió en una ocasión diciendo: «El PP ha sido absuelto con sobresaliente cum laude del juicio popular celebrado en las elecciones municipales y autonómicas».

Pero parece que las cosas empiezan a cambiar, aunque sea muy lentamente. Las recientes comparecencias parlamentarias de Mariano Rajoy y Artur Mas responden a un estado de opinión cada día más inquieto. Mientras que en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de abril el caso Bárcenas (que irrumpió a finales de enero) no suponía aún ningún desgaste para el PP, que incluso veía incrementada en un punto su ventaja sobre el PSOE (el 34% contra el 28,2%), el del mes de julio ha mostrado un claro descenso (32,5% contra el 27,2%) y un progresiva vuelco del mapa electoral, también en las comunidades tradicionalmente bipartidistas. De modo que, a pesar del nivel de volatilidad electoral actual, significativamente en Catalunya, con un escenario connotado por el proceso soberanista, se evidencia un ascenso de los partidos menores y un declinar inexorable de los dos grandes partidos. Además, hay un voto que sigue creciendo: el no voto, la abstención, que se sitúa por encima del 22% de media en todas las encuestas, un porcentaje mayor que el voto directo que se adjudica al PP o al PSOE. También crecen las categorías de voto en blanco (un 9%) y los indecisos (más de un 21%). El malestar de los ciudadanos a propósito de la corrupción es evidente: el segundo problema según el 37,4% de los encuestados, a mucha distancia del paro (80,9%).

Así pues, puede que el próximo ciclo electoral el voto empiece a castigar la corrupción en términos políticos e impedir la cronificación del problema, aunque, como sabemos, en el origen y consolidación de las prácticas corruptas persisten un sustrato cultural y una ética económica muy arraigados. El reto pasa por favorecer la investigación y la publicación de la información sobre la corrupción y, sobre todo, hacerla creíble por los partidarios de los partidos políticos cuestionados. No hay más que ver la falta de pluralismo y la actitud de algunos medios públicos que favorecen claramente los intereses de sus mandantes (Canal 9, Telemadrid, TVE).

Pero, aunque suene a tópico irrealizable, la solución del problema involucra a todos los estamentos de la sociedad, no solamente a los políticos: escuela, medios, sociedad civil, agentes sociales... No en vano estamos en una etapa de refundación, y el resultado será fruto de la participación y la reclamación de todos, desterrando la resignación y la indiferencia. Tarde o temprano, la vida pública termina reflejando la temperatura ética del cuerpo social.