¿Hambre en Catalunya?

¿Está pasando hambre más de un 28% de la infancia en Catalunya? ¿Estamos en una situación de emergencia social para la cuarta parte de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza? Algunas informaciones y posicionamientos públicos recientes describen que una parte importante de la población no tiene los recursos necesarios para comer. Se reivindica, y no sin una base de razón, que son necesarias más becas para los comedores escolares y que es necesario seguir dando alguna comida a niños durante las vacaciones de verano.

Planteamientos de estas características necesitan, sin embargo, de matices y consideraciones para no perder la legitimidad. La interpretación poco crédula de muchos en el sentido de que si un 28% de la infancia pasara hambre, o más de un 25% de la población activa estuviera en paro, viviríamos una revolución desautoriza denuncias sociales necesarias. Conviene exponer con la máxima precisión las problemáticas sociales extremas para concienciar verdaderamente a la opinión pública sobre la gravedad de las mismas. Abusar de las cifras tiene un efecto contraproducente. El reciente informe del Síndic de Greuges sobre la pobreza infantil es más preciso en el sentido de que afirma que hay 750 niños diagnosticados médicamente de problemas de malnutrición, y que casi 50.000 no pueden comer carne ni pescado cada tres días, no tienen garantizada una comida completa o reciben una alimentación inadecuada.

La suma de muchos déficits familiares puede conducir al hambre, pero no necesariamente la padece toda la población considerada pobre. Ingresar mensualmente el 60% de la renta media por persona, que es cuando se considera que alguien está por debajo del umbral de la pobreza, no es igual si se tiene la vivienda en propiedad o cedida sin costes que si hay que pagar un alquiler de mercado o una hipoteca. Gravan también bastante los recursos familiares los costes energéticos, los transportes y los imprevistos.

Con todo, los sistemas de servicios sociales y solidaridad social funcionan en Catalunya. Son mayoría las familias que a pesar de estar en paro cobran algún tipo de prestación, si bien es cierto que cuesta acceder a algunas, como la renta mínima de inserción (PIRMI), y que muchas prestaciones periódicas son insuficientes, en especial cuando hay problemas de vivienda añadidos.

Cuando los miembros de una familia tienen recursos personales como para recurrir a los sistemas existentes de garantías de derechos sociales y de solidaridad, no pasan hambre. Los padres encuentran cómo acceder a ayudas económicas para comer y alimentos en especie. Dar el paso de ir a pedir debe de ser muy duro, pero las personas equilibradas encuentran en la sociedad los recursos para poder comer, con la excepción, quizá, de los alimentos frescos. Pero cuando la pobreza es severa, cuando la familia sufre carencias socioculturales, educativas o de salud añadidas, cuando no tiene red social ni familiar que la apoye, es cuando se pueden dar problemas de malnutrición.

La existencia de algún caso de carencias alimentarias en la infancia ya es aterradora y debe motivar la reacción social. Con todo, ¿el verdadero problema es la falta de alimentos? Al conocer muchas realidades de situaciones precarias, uno se pregunta si lo que falta no es un apoyo a las personas para que en circunstancias adversas sean capaces de sobreponerse, buscar ayuda y, sobre todo, administrar y gestionar con orden el día a día familiar.

Más allá de facilitar la alimentación infantil, convendría actuar ante los desequilibrios alimentarios mediante la formación a las familias. Es imprescindible que estas entiendan en qué consiste una alimentación equilibrada y qué hábitos hay que mantener. Ante estas carencias la sociedad debe dotarse de medios y procedimientos eficaces para identificar las problemáticas e intervenir erradicando sus causas. La obligación de las entidades sociales y de quien esté cerca es denunciarlo y promover soluciones. Nos consta que los ayuntamientos, Cáritas, el Banc dels Aliments, la Fundació Pere Tarrés y otras oenegés están interviniendo con eficacia.

A los trabajadores sociales y familiares les toca velar más que nunca por la organización cotidiana de los que menos tienen. Obviamente, los recursos para estas situaciones deben ser una prioridad pública. Con todo, y para ser objetivos, cuantifiquemos las situaciones, analicemos cuál es el problema de fondo y no hagamos generalizaciones que convierten problemas reales en estadísticas frías, a veces exageradas, que desmovilizan a la opinión pública.