A grandes males, grandes remedios

El director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, durante el coloquio Primera Plan@.

El director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, durante el coloquio Primera Plan@. / periodico

JORDI CLIMENT

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Prácticamente todo el mundo coincide en pensar y decir, aunque sea con en voz baja, que la corrupción es uno de los grandes males de este país. Y no me refiero a la cantidad de personas implicadas ni al volumen de dinero y recursos en juego, sino al enorme daño que hacen este tipo de acciones a nuestro sistema, que de tanto estirarlo se deshilacha sin remedio.

¿Y cuál es la reacción de los políticos a este desastre? Dejar pasar. No hacer ninguna referencia a la cuestión, cuando los apunta directamente, esperando que la avalancha diaria de actualidad convierta los gritos en silencios, mientras, involuntariamente (supongo), los profesionales del periodismo se dejan pasear por estas aguas, que los llevan día tras día a una orilla diferente del río.

¿Que les acusan de haber participado de un acto que no se ajusta a ley? No hay problema, no hablan de la cuestión, al menos en público, y mañana será otro día. Entonces, algunos pensamos en el derecho que tenemos la ciudadanía a ser informados y en cómo presumen de los pobres y costosos, por lo que hace referencia a la elaboración, proyectos de ley de transparencia y acceso a la información, y nos rasgamos las vestiduras preguntándonos cuando podremos dar la vuelta al calcetín.

Quizá la Oficina Antifrau de Catalunya, que tiene “atribuido el control del sector público en los ámbitos de la prevención y la investigación de los casos de corrupción” debería dedicar más recursos propios a la tarea que les ha delegado la ciudadanía en lugar de, aunque se dice en el preámbulo de la ley que la regula que se trata de una institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público en Catalunya, reivindicar constantemente “el control final y definitivo de la correcta ejecución de la futura Ley de transparencia que debe aprobar el Parlament de Catalunya”.

Por cierto, y hablando de control, ¿quien controla al controlador? ¿Cuán transparente es quien quiere velar por el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública? Tal vez en lugar de deslumbrarnos con lo que podría venir, primero habría que demostrar que la institución está fuerte como un roble.

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