La financiación autonómica

Cómo hacer más justo el cupo vasco

La aportación debe ser progresiva, no proporcional, y el porcentaje ha de adecuarse a la realidad

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La cuestión de la solidaridad interterritorial es un tema polémico en todos los estados estructurados en territorios con diferentes personalidades políticas y distintos grados de desarrollo. El caso español es un buen ejemplo pero no es el único. Se repite en todas las divisiones Norte-Sur en el interior de un Estado o en uniones de estados como la UE.

Los flujos interterritoriales de solidaridad en el interior del Estado español son complejos. De algunos de sus problemas se habla poco y cuando se habla suelen saltar chispas. Tal es el caso del sistema de financiación foral (País Vasco y Navarra) frente al de régimen común. Hace poco, el primer secretario del PSC,Pere Navarro,se refirió a ellos pidiendo suprimir el privilegio que representan. Recibió muchas críticas desde todas las latitudes, incluso desde el propio PSOE por considerar que ese tema no estaba en la agenda.

Pero, cuestiones de oportunidad aparte, tiene razónNavarroal considerar que la financiación de las comunidades de régimen foral debería ser revisada porque ha generado una diferencia creciente de resultados con respecto a las de régimen común. No es la primera vez que el socialismo catalán lo plantea.Maragallya pidió en numerosas ocasiones la aproximación entre la financiación del régimen común de Catalunya y la del régimen foral vasco-navarro. Carga Catalunya con el sambenito de resistirse a la solidaridad con el resto de España cuando las menos solidarias y las que obtienen mejor financiación son las de régimen foral, y de ello poco se habla.

En mi vida política me tocó negociar varias veces las aportaciones del País Vasco y de Navarra a la Hacienda central y sé cuán difícil es conseguirlo. Tal como funciona, el sistema no puede generalizarse al conjunto del Estado sin provocar la quiebra de la Hacienda central y este es su principal problema desde un punto de vista democrático.

¿Por qué se plantean esos problemas? Dejando tecnicismos aparte, una comunidad de régimen foral recauda todos los impuestos que deben pagar los residentes en su territorio, con ellos paga los servicios que les presta de acuerdo con sus competencias y frente a la Hacienda central actúa como un macrocontribuyente que tributa a un tipo proporcional sobre su renta (el PIB de la comunidad) para financiar las cargas generales del Estado .

Pero actuar como un macrocontribuyente que tributa a un tipo proporcional sobre su riqueza es ya una primera fuente de injusticia puesto que nuestro sistema fiscal es progresivo. Si una agrupación de contribuyentes tributa de forma proporcional, obtiene una ventaja tanto mayor cuanto mayor sea su renta relativa, es decir cuanto más ricos sean con respeto a los demás.

Pero además, el porcentaje que se usa para calcular esa aportación proporcional no es correcto. Para calcular el cupo vasco se sigue utilizando el mismo 6,25% que representaba el PIB del País Vasco con respecto al total nacional cuando se empezó a aplicar el sistema, aunque desde entonces haya aumentado. Por eso el sistema no puede generalizarse a todas las comunidades. Simplemente, porque no sumaría 100.

El sistema tiene, pues, dos fallos operativos. Sustituye una tributación progresiva por una de carácter proporcional para un macrocontribuyente cuya renta es superior a la media, utilizando una renta relativa inferior a la real. Ambos podrían corregirse sin cambiar la Constitución.

¿Por qué no se han resuelto esos problemas en la negociación entre los gobiernos centrales y los forales? Porque la posición de los negociadores es muy asimétrica. La Constitución prevé que la aportación se fijará de «común acuerdo», pero no hay ninguna instancia arbitral superior que dirima un desacuerdo imposible de superar.

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Y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Pues que el que tiene el dinero en la caja es el que tiene la sartén por el mango. En mi experiencia de negociador, al final si no hay acuerdo la parte que tiene la capacidad recaudatoria dicta su ley porque puede decidir de hecho no pagar más que lo que pagó en el anterior acuerdo o lo que considere adecuado, puesto que no hay instancia superior a la que recurrir.

Para corregir esta situación hace falta una voluntad política difícil de conseguir incluso ahora que la amenaza terrorista ha felizmente desaparecido. A nadie le van a votar proponiendo pagar una mayor aportación a Madrid. Pero intentar generalizar el sistema a todas las comunidades es aritméticamente imposible. Lo sabe bien el nacionalismo vasco que nunca ha apoyado que Catalunya acceda al mismo sistema.Pere Navarrono merece las críticas que recibió, y menos desde las comunidades más pobres, que son las más perjudicadas por los efectos de este sistema.