Que los ciudadanos puedan decidir

Catalunya es un solo pueblo y la sociedad catalana un ejemplo de cohesión social como pocas. Una cohesión social que es aún más admirable si consideramos las amenazas crecientes de una crisis que ha dejado a centenares de miles de personas en paro y que pone en jaque el Estado del bienestar. Y todo eso, mientras se mantiene inalterable la titánica cantidad de recursos que los catalanes enviamos a las arcas del Estado sin obtener ningún retorno. Parece que, a pesar de todo, en esta crisis solo hay una constante respecto a la etapa precedente: Catalunya aporta mucho y recibe muy poco. Los datos hablan por sí mismos: somos el 16% de la población del Estado, generamos cerca del 19% de la riqueza, pagamos el 20% de los impuestos y, en cambio, la inversión pública que recibimos solo es del 11%.

ESTA SITUACIÓN es insostenible, más allá de un Estado español que en lugar de ayudarnos, de darnos facilidades para salir de la crisis, dedica tiempo y dinero a crear problemas donde no los hay. La ofensiva contra la escuela catalana es lamentable y una evidencia palmaria de cuáles son las prioridades y obsesiones del Gobierno. Y para remachar el clavo, lo peor de todo es que la aportación de recursos que hacemos los catalanes no sirve a la economía productiva, no genera riqueza ni tiene como prioridad la mejora del Estado del bienestar sino la consolidación de una economía subsidiada y el despilfarro de recursos públicos en autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones, líneas de AVE insostenibles y, últimamente, incluso en submarinos que se hunden y no pueden volver a emerger.

Y por si esto no fuese suficiente, el Estado centrifuga el grueso del déficit a las comunidades autónomas, aunque son estas las que asumen la mayor parte del gasto sanitario, educativo y social. Madrid fuerza recortes en los sectores que más debería proteger cuando, al mismo tiempo, el principal responsable del endeudamiento es el propio Estado español, obstinado en mantener ministerios sin competencias y que, a pesar de la crisis, se empeña en dar prioridad a un corredor ferroviario central que no va a ninguna parte en detrimento de un corredor mediterráneo por el que pasan el 75% de las exportaciones.

En nuestro país hay una mayoría social y política creciente que está harta, que se expresa en la calle y que se expresó claramente en las pasadas elecciones. La gente quiere poder votar, y las encuestas no hacen más que confirmar esa mayoría social que crece y se consolida, que vive con naturalidad algo tan lógico como que el futuro del país debe decidirse en las urnas. La última encuesta de EL PERIÓDICO (confirmada por el CEO) no puede ser más clara: los ciudadanos quieren decidir democráticamente, con o sin permiso del Estado. Y lo quieren de forma transversal, independientemente de la lengua que se hable, del origen que se tenga o del lugar donde se viva. Ante esta voluntad, hay quien niega la mayor agitando una pretendida división social que no existe o dibujando un horizonte oscuro y tenebroso si el país se convierte en lo que la mayoría de los ciudadanos decidan. De hecho, este es el quid de la cuestión. Catalunya no vive dividida entre los que se sienten catalanes y los que se sienten españoles. O los que no se sienten ni una cosa ni la otra o bien ambas a la vez en mayor o menor grado. Los sentimientos son plurales y complejos, como las identidades. Tampoco hay ninguna división entre los que hablan habitualmente catalán o español, árabe o inglés. Ni la hay, ni la habrá.

LA ÚNICA disyuntiva es entre los que queremos votar y dejar votar a todos y los que no quieren votar y tampoco quieren que nadie vote. Y entre estos últimos también debería incluirse a aquellos que, conscientes de la inconsistencia democrática de oponerse a la consulta, pretenden someterla a condiciones que no dependen de nosotros y que no tienen casi ninguna posibilidad de cumplirse, lo que en el fondo es equivalente a alinearse con los que no quieren votar ni quieren que nadie vote. Ya nos gustaría acordar la consulta con Madrid, pero Madrid no es Londres. Y lo que en Gran Bretaña es democrático y de sentido común, aquí se convierte en un atentado a la Constitución.

Todos los que hoy queremos votar -que somos la amplia mayoría-estamos comprometidos a aceptar, sea cual sea, el veredicto de la ciudadanía. Mucho antes que independentistas somos demócratas. Somos independentistas porque queremos construir un país mejor, un país nuevo para todos, tanto para los que habrán votadosícomo para los que habrán votadonoo los que se habrán abstenido. Un nuevo país, un nuevo Estado, más justo y libre, al servicio de la ciudadanía y de la economía productiva y que tenga como objetivo fundamental la voluntad de vivir y convivir.