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El uso de las redes sociales en la actividad policial no es nuevo. Las policías han explotado y explotan con frecuencia la información procedente de colectivos diversos que les puede ser de utilidad: chivatos, infiltrados y arrepentidos de variada tipología son un clásico de la realidad y de la literatura negra.

La diferencia, hoy, es que a las redes sociales físicas se han sumado las digitales. Por dos razones: constituyen un contexto en el que también se producen delitos de modo parecido al entorno físico y a la vez son un instrumento que sirve de apoyo al trabajo policial. En el primer caso, basta constatar que la Estrategia de Seguridad Nacional del 2013 identifica las ciberamenazas como amenazas para la seguridad, lo que conlleva que estas -que ya figuraban en la Estrategia Española de Seguridad del 2011- sean consideradas elementos críticos que merecen la mayor de las atenciones posibles. En el segundo aspecto (el uso de las redes como instrumentos para el trabajo policial) estamos ante un supuesto altamente innovador por su enorme potencial multiplicador del mensaje. Ejemplos de ello son el uso de Twitter por parte del Cuerpo Nacional de Policía (según indican, con más de 450.000 seguidores) o la actuación de la policía de Boston en el caso del atentado de los hermanosTsarnaev.

Sin embargo, ante la emergencia del fenómeno debemos tomar en consideración algunos factores críticos. En primer lugar, Twitter y las otras redes (Facebook, Tuenti y demás), aunque multitudinarias, son sistemas de comunicación privados, con financiación privada y que responden a intereses privados. Eso plantea una vez más el dilema público-privado en la gestión de la seguridad, un campo en el que la protección de los intereses tiene reglas de juego claramente diferenciadas según sea uno u otro caso.

Gestores privados

En segundo lugar, la seguridad de las redes depende de sus gestores privados, no de las autoridades públicas, con lo que su estabilidad y su resistencia al pirateo, las cuentas clonadas o los avatares -cuestiones que pueden ser críticas en algunas operaciones policiales- dependen en última instancia del inversor propietario de la red social, no de una política pública de seguridad.

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Y en tercer lugar, el mismo potencial multiplicador del mensaje en las redes sociales puede convertirse, si no está correctamente gestionado, en un ejercicio de psicosis colectiva que se extienda a través de las propias redes gracias precisamente a su estructura y mecanismo, lo que puede significar más un problema que en una solución.

A pesar de todo, es innegable el enorme potencial de estas herramientas, que requieren, por un lado, de una clara definición de sus funciones en el ámbito de la seguridad pública, y por el otro, de un esfuerzo de los gestores policiales de las comunidades virtuales para constituirse, en tanto que agentes de la autoridad, más en referencia válida del ciudadano en estos menesteres que no en meroscoleguillasde red social.