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A l final el Gobierno de España ha anunciado con gran fanfarria su reforma de la Administración, resultado del trabajo de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (Cora). Dos son los ejes más destacables: por una parte, la reforma de la propia Administración del Estado, y por otra, la reforma a la que seinvitaa las comunidades autónomas.

Sobre la reforma de la Administración General del Estado se hacen múltiples propuestas (57 organismos que se suprimen o fusionan, simplificación administrativa, centralización de la gestión interna, etcétera). Lo que más llama la atención es que lo que se plantea no es una reforma en el sentido de diseñar un nuevo y moderno modelo de Administración del Estado de futuro, más acorde con sus competencias y con una orientación más internacional, imprescindible ante el protagonismo de la Unión Europea y el fenómeno de la globalización. La reforma se ha quedado en una simple poda de organismos y trámites, que es siempre necesaria y positiva, pero insuficiente ante los retos a los que nos enfrentamos. Las administraciones son como plantas tropicales que tienen la tendencia a crecer de forma desmesurada y asilvestrada. Por eso hace falta un constante ejercicio de jardinería y de paciente poda. Y lo que se plantea es simplemente una poda, pero no se replantea, en cambio, el obsoleto formato del jardín administrativo.

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Sobre lainvitacióna que las comunidades autónomas prescindan de parte de su aparato institucional básico (defensores del pueblo, tribunales de cuentas, institutos de opinión, agencias de evaluación universitaria, etcétera), el tema tiene más enjundia política. La Administración del Estado no es competente, pero sí tiene, en cambio, capacidad de presión ante unas autonomías a las que ha rescatado y que están sujetas al plan de estabilidad presupuestaria. Es más una amenaza que una invitación, ya que se apela a la idea de quequien paga, manda.Obviamente, la lectura más importante es la apuesta hacia una recentralización del Estado. Otra lectura es que se incide en prescindir de aquellas instituciones que tienen como objetivo una mayor transparencia, rendición de cuentas y evaluación de políticas. Una dinámica que es precisamente la contraria de la que exigen los ciudadanos.

El Gobierno de España se ha demorado un año y medio en proponer una pequeña reducción de organismos (57 para el Estado parece una poda muy cicatera). Pero algo es algo, ya que, por ejemplo, el Govern de la Generalitat no ha dado ni tan siquiera este paso en dos años y medio. Luego, como siempre, domina la tendencia a ver la paja en ojo ajeno -sean las autonomías o los entes locales- e incidir en una contrarreforma centralista. La actual crisis económica, social, política e institucional no solo exige recortes, aunque sean justificados, sino que requiere hacer el esfuerzo de dibujar unas nuevas administraciones públicas más refinadas a nivel organizativo, más sólidas a nivel institucional, más impermeables a la política y mucho más transparentes para la ciudadanía. Todo esto no se plantea, y es un error imperdonable con la que está cayendo.