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Hacienda, la infanta y el silencio de Montoro

Rosa Paz

¿Queda alguien de quien fiarse?. Porque en el ranking de la confianza ciudadana han ido cayendo, con más o menos méritos, los políticos, los jueces, los banqueros, las instituciones, incluida la Monarquía, y acaba de caer uno de los pocos organismos que parecía infalible, la Agencia Tributaria. Arrastrando además en su desplome a esos dos cuerpos tan autoprestigiados, los notarios y los registradores de la propiedad. Y todo en una tarde. Esa en la que alguien (anónimo) tecleó en el ordenador el número 14, los dos dígitos que se corresponden con el DNI de la infanta Cristina y le aparecieron 13 transmisiones patrimoniales que la hija del Rey habría realizado en el 2005 y 2006, por valor de 1,43 millones, en la zona de Alicante, Calella y Almagro (Ciudad Real).

Nadie verificó los datos, y eso que los había pedido el juez, José Castro, el que investiga los negocios de Iñaki Urdangarin y la hipotética implicación de su esposa, y que la información fiscal afectaba a un miembro de la familia real. Hubiera sido cosa de un rato, nada teniendo en cuenta la gravedad del asunto, y Hacienda se habría evitado el bochorno de tener que admitir tal dislate y el lamentable espectáculo de echarles la culpa a notarios y registradores, cuestionando también su profesionalidad. Pero sobre todo le habrían ahorrado un mal trago a la afectada, a la que le costará impedir que se extienda la sombra de la duda sobre posibles «ventas simuladas», como sugiere, por ejemplo, ICV.

Han pasado cinco días y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, responsable del departamento que asume el disparate, no ha dado la más mínima explicación. Primero se encogió de hombros alegando desconocer el informe enviado al juez y ahora simplemente calla, lo que en su caso ya es una noticia. Pero si siempre que ocurre algo irregular, ilegal o extravagante se apela a lo que hacen en los países con más tradición democrática, cabe preguntarse qué estaría ocurriendo en el Reino Unido o en Holanda si el Gobierno de sus respectivas majestades hubiera enviado a un juez un informe fiscal falso relativo a un miembro de la familia real. Y lo primero que viene a la mente es precisamente la cabeza del ministro de Hacienda entregada metafóricamente en una bandeja por el primer ministro. Después, obviamente, de que hubiera dado las inexcusables explicaciones ante su parlamento.

Lo peor, con todo, no son ni el escaqueo del ministro ni el rídiculo que socava la ya baja autoestima ciudadana. Ni tan siquiera el desgaste de la Agencia Tributaria en plena campaña de la renta. Lo peor es la sensación de inseguridad jurídica, la idea de que si esto le pasa a la infanta, qué no le puede pasar a un pobre contribuyente de a pie.