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El encaje catalán en España

'Delenda est autonomía'

Enric Marín

Apenas se mantiene en pie poco más que la fachada del pensado autogobierno de Catalunya

Hace unos meses que buena parte del debate político catalán se produce sobre una lastimosa ficción. La ficción del autogobierno catalán. La distancia entre el imaginario original de la autonomía catalana y la capacidad real del autogobierno es gigantesca. Apenas se mantiene en pie poco más que la fachada. Sin embargo, no ha sido un hecho repentino. El proceso de esterilización de la autonomía tiene un largo recorrido que se ha precipitado en los últimos años. La semilla germinó al principio. Dos años después de la histórica manifestación del Onze de Setembre de 1977, el pueblo catalán podía votar en referendo un texto que emulaba la autonomía conquistada en 1931 y arrebatada en 1939. Pero a aquel autogobierno estrenado en 1980 se le ha negado la oportunidad de evolucionar y actualizarse. Sin perder tiempo, se puso en marcha el café para todos.

EN PARALELO, el susto del golpe del 23 de febrero y la ley orgánica de armonización del proceso autonómico (LOAPA) pactada por UCD y PSOE fueron un claro aviso para navegantes. El fracaso relativo de la LOAPA no impidió el uso recurrente de la legislación básica de Estado para laminar competencias autonómicas. También la falta de un modelo de financiación propio efectivamente autónomo, el sorprendente relativismo semántico de expresiones como competencia exclusiva o la lentitud desesperante del proceso de transferencia de competencias. La práctica del pájaro en mano o los pactos de CiU con el PSOE y el PP de los años noventa disimularon o atemperaron la dinámica de estancamiento del autogobierno catalán. Pero no evitaron las campañas cada vez más virulentas contra la inmersión lingüística y el frágil proceso de normalización de la lengua catalana, presentado con demagogia como una práctica autoritaria e impositiva.

Coincidiendo con la mayoría absoluta de Aznar, se hizo evidente que las bases del autogobierno catalán ya eran insuficientes para hacer frente a las exigencias de globalización. Había que blindar un grado suficiente de autogobierno económico, político y cultural. La propuesta del nuevo Estatut quería ser la respuesta a este reto. Fue la última oferta para renovar el encaje de Catalunya en España. El proceso fue penoso, y el resultado decepcionante y humillante: un sonoro portazo del Tribunal Constitucional con una sentencia que significó un punto de no retorno. ¿Expresaba un sólido estado de opinión mayoritario en España, o respondía a un error de cálculo político basado en una percepción desenfocada de la realidad catalana? Seguramente ambas cosas. Esta desautorización «constitucional» no detuvo la deriva antiautonomista del Estado. El agravamiento de la crisis ha brindado nuevas oportunidades para allanar la autonomía. Básicamente, de tres maneras: responsabilizando a las autonomías de todo tipo de disfunciones económicas y administrativas; obligándolas a asumir la parte más dura y sensible de los recortes y reduciendo casi a cero los márgenes de la autonomía financiera de una Generalitat ya en manos de la voluntad política del Gobierno central.

Deconstruidas jurídicamente una parte significativa de las bases políticas, culturales y simbólicas del Estatut, el vaciado económico ha sido la puntilla al autogobierno. Sin autonomía financiera no es posible ningún autogobierno real. La autonomía es como un cuerpo deshuesado. Gestión técnica subordinada. Subsistema, fachada, simulacro.

Nuestros representantes políticos se encuentran más cómodos actuando como si todo fuera «normal». Como si la arquitectura autonómica no estuviera severamente afectada de aluminosis. Ignorando este hecho se desenfoca el debate político. Y podemos asistir a situaciones paradójicas como la insólita pinza entre la derecha española y parte de las izquierdas catalanas exigiendo la presentación formal de unos Presupuestos interesadamente condicionados por una abusiva exigencia ministerial de reducción del déficit. Exigencia que conlleva sacrificios económicos que amenazan la cohesión social.

DECIR QUE la autonomía ya no existe puede parecer exagerado. Y, efectivamente, es una afirmación que puede ser matizada. Aunque solo sea por el hecho de que vivimos una realidad social en la que el complejo mundo de las comunicaciones gana protagonismo día a día. Una realidad que permite que la voluntad democrática potenciada por la fuerza identificadora de los símbolos pueda ser más determinante que según qué muros legales anacrónicos. El autogobierno ha sido jibarizado. Pero los aspectos vigentes del Estatut son una proyección de soberanía popular y pueden funcionar de marco legitimador de la expresión de los ciudadanos de Catalunya. En este estrecho espacio político se está jugando el partido por la cohesión social y las libertades nacionales.

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