¿Es necesario recortar a los más vulnerables?

El pasado 1 de mayo nos despertamos con la noticia de que el Gobierno había enviado a la Comisión Europea el Programa Nacional de Reformas 2013 (PNR), documento que nos anticipa los recortes presupuestarios que va a sufrir la ley de la Dependencia (Ley 39/2006) en el presente ejercicio. El resultado estimado se presenta como fruto de la reforma emprendida por el Gobierno, en julio de 2012, para racionalizar y modernizar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el cual ahorró 599 millones de euros en el 2012, y estima un ahorro de 1.108 millones de euros en el 2013. Ello supone un retroceso del gasto público del SAAD, situándolo por debajo de los 6.000 millones de euros al año, lo cual supone situarse a niveles del 2010.

Entre las medidas más sensibles decretadas para reducir el gasto en las prestaciones del SAAD, destacan el portazo a la entrada en el sistema de los dependientes moderados y la práctica eliminación de la prestación económica por cuidadores familiares (cuidados en el entorno familiar).

La reforma del 2012 pospone tres años -hasta julio de 2015- el derecho a las prestaciones de la ley a un amplio colectivo, los dependientes moderados dictaminadas de Grado 1, entre las cuales se encuentran personas muy vulnerables como los niños menores de 3 años que necesitan estimulación temprana y que, sin estas atenciones, pueden ver aumentada su dependencia. Se estima en alrededor de 500.000 las personas que quedan fuera del alcance de los beneficios de la ley durante este periodo de tiempo. Se les priva de derechos mientras su situación de dependencia se mantiene, cuando no aumenta.

Otra modificación importante de la reforma del verano del 2012 es laestocada en la prestación económica a los cuidadores familiares. La reducción del importe de estas prestaciones económicas en un 15% supone pasar a cobrar entre 150 y 388 euros al mes. La prestación por cuidador familiar se convierte en prestación testimonial, ya que este importe queda lejos de reflejar el denominado «precio sombra» que supondría pagar a un cuidador profesional para atender a una persona dependiente, ni que fuera a media jornada los días laborables. A ello hay que añadir la supresión de la subvención de la Seguridad Social al cuidador y labula que las administraciones autonómicas pueden autoconcederse para congelar la efectividad de dicha prestación hasta dos años más tarde de cuando se prescribe, sin contemplar la retroactividad correspondiente.

Por otra parte, si bien las comunidades autónomas han abusado de la utilización de la prestación económica por cuidador familiar -convirtiendo en prestación estrella lo que estaba reservado para casos excepcionales-, su práctica eliminación no se corresponde con incrementos en prestaciones alternativas, como por ejemplo el servicio de ayuda domiciliaria. Para este, a su vez, no se entrevén incrementos de gasto significativos, al tiempo que es objeto de reducciones en el número de horas al mes que pueden recibirse de dicho servicio.

El concepto de sostenibilidad financiera justifica todo tipo de recortes presupuestarios sin preguntarse por el alcance del sacrificio exigido a las personas afectadas. El conjunto de medidas emprendidas en la reforma del SAAD en el 2012 y su prolongación en el 2013 van a suponer un ahorro pequeño en el conjunto del presupuesto del sector público, mientras que va a dejar a los dependientes económicamente más vulnerables en situaciones muy precarias. ¿Hasta qué punto son necesarios los recortes presupuestarios en la protección de los más vulnerables?