A vueltas con el sueldo de los políticos

Estar a miles de kilómetros de España, en un mundo globalmente conectado, ya no es estar lejos. Cada día me llegan más novedades de las que puedo y quiero asumir. Un bienintencionado amigo me ha vuelto a enviar el correo viral que habla de los alcaldes y demás cargos políticos diversos que han cobrado más que el presidente del Gobierno y la petición de que firme para que ningún cargo público cobre más de 1.500 euros al mes, y mi respuesta, que sospecho ajena al sentir general y en la que integro tres vertientes, he decidido compartirla.

Por un lado, resulta del todo punto inexplicable que haya un solo cargo público que cobre más que la máxima autoridad del Estado. Si en eso estamos de acuerdo, quizá no lo estemos sobre quién se toma como referencia. Tomemos la jerarquía que establece el protocolo del Estado, y a partir de ahí que ningún cargo esté por encima de otro en sueldo si no lo está en jerarquía de poder. Es decir, el jefe del Estado será el primero (según su página web, percibe 140.519 euros, sin incluir, lógicamente, los gastos de representación), luego vendrán el presidente del Congreso, el del Senado, el del Consejo General del Poder Judicial... Pero no nos fijemos solo en los alcaldes, porque también hay consejeros de Estado, magistrados del Tribunal Supremo, miembros del Tribunal de Cuentas u otros altos cargos que resultan retratados con este criterio. Pero para esterankingdebemos huir de demagogias baratas. De lo que se trata es de jerarquizar los sueldos como se jerarquizan las responsabilidades, y puede que la alcaldía de Madrid esté muy por delante de algunos ministerios sin competencia estatal. Creo que es sensato, que es un buen ejercicio de transparencia que está por hacerse.

La segunda vertiente, más peliaguda, es que nuestra clase política, en general, está fatalmente pagada. Vale, seguro que algunos han cobrado más de lo que merecían. También seguro que, con la que está cayendo, solo faltaba pagarles más. Pero pagar 1.500 euros¿ Cuando tú quieres a alguien de calidad, que haga bien su cometido, al que le puedas exigir responsabilidades, que sea independiente (es decir, difícilmente sobornable), lo pagas. Y si pagas por la política algo tan exiguo, a la política no van los mejores. ¡Ojo! No se trata de hacerse rico; pero lo que tampoco puede ser es que por dedicarte a la política tengas que obtener muchísimo menos de lo que habitualmente ganarías honradamente en el ejercicio de tu profesión. Eso sí, parto de la base de que ningún político debería poder argüir que su profesión es la política, porque ese debería ser un espacio vital temporal; es ahí donde reside el servicio a los demás. Si trabajar en política implica que tu familia no solo te vea menos sino que además le aportes menos solvencia... pues no interesa. No se puede. Ese vocacionalismo solo lo podrían hacer los ricos y, sinceramente, solo nos faltaba eso.

He anunciado tres reflexiones. Va la última: ¿cuántos representantes son «muchos representantes»? Resulta obvio insistir en que no podemos permitirnos el aluvión y solapamiento de administraciones y su pléyade de representantes en cascada; pero tampoco el derroche de asesores que no lo son, sino que reciben recompensas partidarias; ni el pago de informes que no son tales, sino prebendas. Pero voy más allá: 350 diputados... ¿por qué no 200 o 150? Y así con parlamentos autonómicos, concejales y miembros de todo tipo de organismos públicos¿ Lo que es vergonzoso es querer quitar cargos públicos a base de eliminar los concejales de pequeños municipios que no cobran o cobran dietas por pleno, pero dietas de las de verdad, no de las de exministro consejero de gran empresa privada anteriormente pública. Hace falta una reflexión en serio sobre qué instituciones necesitamos y con qué dimensiones. ¿Necesitamos el Senado? ¿Por qué el de Estados Unidos cuenta con 100 senadores y, mal que bien, funciona, y el nuestro tiene 266 y, mal que bien, no hace ruido?

En fin, que me parece demagógico arremeter contra alcaldes y no contra otros altos cargos que tienen menos trabajo e impacto público pero que cobran mucho más. Que me parece que deberían establecerse por ley los criterios clarísimos, vinculados a la jerarquía de poder y responsabilidades, de los sueldos de las diferentes instituciones del Estado. Que debería pensarse en reducir el indecente solapamiento de administraciones y sus consiguientes representantes. Dimensionemos y optimicemos los recursos. Y por último, pero no menos importante, hay que incrementar sensiblemente los sueldos y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de nuestra clase político-institucional. Vivimos en la miseria, la opacidad y la corrupción. ¡Vaya triángulo virtuoso!