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EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

El rescate de las personas

Antón Costas

El Gobierno de Artur Más está estudiando la creación de un nuevo impuesto sobre viviendas vacías propiedad de bancos y promotores. El conseller Santi Vila solo ha señalado que en 70 localidades de Catalunya hay «demanda acreditada» de vivienda. Aunque es un concepto económicamente impreciso, puede ser políticamente útil.

¿Por qué el Govern da ahora este paso? Es posible hacer tres hipótesis. Una: teme la presentación en el Parlament de una iniciativa similar a la andaluza por parte de alguno de los partidos de la oposición. Dos: como el déficit aprieta, ve en la banca y las inmobiliarias nuevas fuentes de ingresos. Tres: ante la creciente presión social y el drama de los desahucios, quiere dar un giro social a su política de vivienda.

Si la intención es esta última, el anuncio tiene algo de positivo. Pero, si el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda de colectivos sociales con escasos recursos, la tasa será como coger el rábano por las hojas. Si, además, tiene la ambición de aliviar el problema de los desahucios, entonces será un brindis al sol. Vayamos por partes.

¿Por qué la tasa no será eficaz para aumentar el parque de viviendas de alquiler? Por tres motivos. Primero, porque el bancos no quieren alquilar, sino vender. No se ven haciendo negocio de arrendadores. Y tienen la sartén por el mango para impedir a los promotores alquilar.

Segundo, porque técnicamente será difícil definir si una vivienda está vacía o en venta. Un promotor me contaba hace días que tiene una promoción de 60 viviendas en Barcelona. Vende una por mes. Le quedan 50. A este ritmo tardará cuatro años en venderlas. Mientras tanto, ¿estas viviendas están vacías o en venta?

Tercero. En todo caso, muchos bancos e inmobiliarias serán más proclives a pagar el impuesto, que será un recargo a añadir al IBI, que a alquilar. Porque si alquilan dejan de poder desgravar el IVA de la primera venta. Se recaudará algo más, pero este sería el único resultado.

Por otro lado, ¿por qué el impuesto no aliviará el problema de los desahucios? Porque no va a la raíz del problema. Los desahucios no son consecuencia de falta de oferta de vivienda, sino de la incapacidad sobrevenida para hacer frente al exceso de endeudamiento. La solución es reconocer el derecho individual a poder liberarse de las deudas excesivas.

En España las personas sobreendeudadas no se pueden divorciar de sus prestamistas. Responden con su patrimonio actual y futuro. Esa atadura no les permite volver a reemprender su proyecto vital. Las sociedades anónimas sí tienen reconocido el derecho a liberarse de sus deudas respondiendo solo con el patrimonio presente. La deuda que no pueden pagar se la comen los prestamistas. A eso se llama quita. Es algo habitual en el mundo de la empresa, especialmente en situaciones de crisis. ¿Por qué las sociedades sí y las personas no pueden negociar una quita? Esto es anacrónico. Las personas tienen derecho a liberarse de sus deudas y reemprender sus vidas después de una experiencia tan dramática como es un desahucio. El sentido de justicia y la teoría económica ofrecen argumentos a favor.

Todos los países de nuestro entorno permiten a los particulares liberarse de las deudas inasumibles a través de diversos procedimientos, no solo la dación en pago, evitando las conductas oportunistas. Algunos desde hace tiempo, como Estados Unidos. Otros recientemente, como Italia, donde Mario Monti lo introdujo en el 2012. Alemania, que hasta 1999 tenía una legislación similar a la española, la cambió para reconocer ese derecho de las personas a liquidar sus deudas. Y la volvió a cambiar en el 2012 a favor de los deudores. Reconocen que las deudas no siempre se pagan.

Sin embargo, nuestros gobernantes siguen defendiendo que «las deudas se pagan». Dicen que no se puede perder esa «cultura». ¿Por qué se comportan de esta forma? ¡Vaya usted a saber! Puede ser un tic de hidalguía trasnochada. O miedo a la banca. De hecho, la legislación hipotecaria tan dura con los deudores es lo que da un gran atractivo a las cédulas hipotecarias españolas. Y las cédulas son una fuente de financiación básica para la banca. Sea cual sea el motivo, esta legislación defiende mejor los intereses de la banca que los de los ciudadanos. El proyecto de ley del PP a discusión en el Senado no cambia las cosas.

Si de verdad el Gobierno de Artur Mas quiere dar un giro social a su política, debe atreverse a avanzar en línea con los países europeos. La tasa que anuncia es un paso. Habiendo roto con su anterior liberalismo mal entendido, ahora debe ir a la raíz del problema: rescatar a las personas sobreendeudadas. Catedrático de Política Económica (UB).

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