04 abr 2020

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Al contrataque

La infanta ante la justicia

Pepa Bueno

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, es el miembro del Gobierno que se expresa con más criterio propio y el que habla con mayor claridad. (Aunque habría que decir que muchas veces es simplemente el que habla). Esta semana ha vuelto a hacerlo a propósito de la imputación de la infanta Cristina por el juez que instruye el caso Nóos. García-Margallo ha puesto palabras al pensamiento de cualquier español con sentido común. Algo tan sencillo como que el Gobierno tiene una enorme preocupación por la imputación, en una investigación penal por presunta corrupción, de la hija del Rey, séptima en la línea sucesoria de la jefatura del Estado en un país democrático.

Hay muchas maneras de empeorar la situación de debilidad que en estos momentos vive la institución monárquica en España. Pero sin duda hay dos que resultan muy peligrosas. Una es tratar de comportarse como si nada pasara, remitirse como ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la mayoría de sus ministros, además del líder de la oposición, Alfredo Pérez Ru-

balcaba, a las normas generales de la ley, al argumentario oficial del respeto a las decisiones judiciales. Hasta ahí podíamos llegar. Claro que tienen que respetar las decisiones del juez. Pero sucede que esta no es una imputación cualquiera, como no lo es ninguna que afecte a la estructura del Estado español. Como mínimo, la imputación exige reconocer su gravedad y comprometerse públicamente en la búsqueda de medidas que pongan a salvo las instituciones afectadas. Porque en una monarquía parlamentaria toda esa acción política corresponde al Gobierno y a las Cortes. Si durante casi 40 años hemos permitido que el rey Juan Carlos, su prestigio y su familia vivieran en una burbuja opaca y desregulada, ahora toca remediarlo.

Dudas peligrosas

Y la segunda torpeza peligrosa sería permitir que se aloje en el imaginario colectivo la más mínima duda de que se produce alguna interferencia en el procedimiento judicial, por razones ajenas a la causa que se investiga. «Todos somos iguales ante la ley», proclamó el Rey en diciembre del 2011. Su hija, también. Con todas las garantías, por supuesto. Pero también con los inconvenientes de la exposición mediática que acarrea su condición y responsabilidad como personaje público, condición que hasta ahora le había reportado algunas ventajas. Cerrar en falso la instrucción sin llamarla a declarar si el juez veía indicios para ello habría sido no peligroso, sino letal.

Ahora viene un recorrido judicial en el que la neutralidad del resto de poderes del Estado que reclama la número dos del PSOE no solo es imprescindible sino que debe ser evidente. Para que la decisión que tomen los tribunales sobre la infanta -sea cual sea- esté libre de toda sospecha. Porque en eso nos jugamos algo que está por encima de todos los demás daños colaterales: los fundamentos del Estado democrático que los españoles hemos querido construir.