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Lo que falta para el oasis vasco

Rosa Paz

Más allá de algunos desvaríos verbales, como los proferidos el pasado domingo por dirigentes de la izquierda aberzale tras las muerte, por derrame cerebral, del exjefe etarra Xabier López Peña, Thierry, la vida en el País Vasco discurre con una normalidad inédita. Año y medio después del cese definitivo de la violencia, anunciado por la dirección de ETA que sucedió a la del citado Thierry -el que cuatro años antes se había cargado el proceso de paz con el atentado de la T-4 de Barajas-, el País Vasco estrena libertad, no sufre escándalos de corrupción, bate récords de recepción de turistas y conserva un tejido industrial exportador, en el que el Gobierno de Iñigo Urkullu tiene puestas todas las esperanzas para salir más pronto que tarde de la crisis.

Parecería una situación idílica sino fuera precisamente por la recesión económica. Si hace unos años el exlendakari Juan José Ibarretxe decía que Euskadi era como Suiza, salvo por el terrorismo, ahora, sin terrorismo, Euskadi no es como la Confederación Helvética, entre otras cosas, porque el paro sigue aumentando. Al oasis vasco, como escribía anteayer el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, le faltan algunas condiciones. Lo más urgente, que ETA se disuelva y entregue las armas y así nadie temerá que cuando habla de «consecuencias negativas» esté queriendo decir que va a volver a matar. Pero, además, hay que resolver lo que la izquierda aberzale llama «las consecuencias del conflicto», en la doble dirección del rechazo de la violencia, el reconocimiento del daño causado y la reparación a las víctimas, y del cambio de política penitenciaria, comenzando con el acercamiento de los presos a cárceles del País Vasco y la concesión de terceros grados penitenciarios, que permite la legislación española.

La cúpula terrorista se ha enrocado en la negativa al desarme a la espera de una impensable negociación con el Gobierno, pero hace meses que el PNV, el PSE y buena parte de la sociedad vasca esperan del Ejecutivo medidas de flexibilización para los reclusos, que, lejos de producirse, parecen haberse frenado por la reacción de las asociaciones de víctimas y los sectores más radicales de la derecha político-mediática a la excarcelación del etarra enfermo Iosu Uribetxeberria Bolinaga. Presión que ha llevado al Gobierno a defender a ultranza la doctrina Parot ante el Tribunal de Estrasburgo y a paralizar la vía Nanclares, establecida por el presidente Zapatero y que permitía la reinserción de etarras que se desvinculan de la banda, piden perdón por sus crímenes y se comprometen a pagar las penas de responsabilidad civil a sus víctimas. No será fácil, pero restañar las heridas y avanzar en la paz exigen que Rajoy actúe y que lo haga sin miedo a las críticas.