03 abr 2020

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Análisis

El inevitable viaje a Ítaca

José Antonio Martín Pallín

Las declaraciones del fiscal jefe de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, sobre las cuestiones legales que plantea una consulta soberanista en el marco de la Constitución y del Estatuto de autonomía han provocado, como era de esperar, un auténtico maremoto en los enclaves del poder. A primera vista, algunos pudieran pensar que un fiscal jefe o cualquier otro miembro del ministerio fiscal no debe pronunciarse sobre aspectos legales que incuestionablemente tienen connotaciones políticas. Por encima de cualquier valoración sobre la oportunidad o conveniencia de esta manifestación, lo cierto es que, en mi opinión, está perfectamente amparada por el estatuto orgánico del ministerio fiscal y, lo que es más importante, por la propia Constitución española.

La Constitución abre espacios para la actuación del ministerio fiscal en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. El estatuto personal de los jueces y fiscales les permite asociarse y expresar opiniones sobre la legalidad en general y la organización y funcionamiento del poder judicial.

Como toda opinión, puede ser objeto de crítica pero no es sancionable si se manifiesta en términos racionales y estrictamente jurídicos. Durante estos días pasados les hemos escuchado posicionarse públicamente sobre la irracionalidad de la ley hipotecaria, sobre la dación en pago y contra el indulto. Las críticas han sido durísimas. La sociedad española las ha elogiado.

Por el contrario, cuando el fiscal jefe de Catalunya ha opinado sobre las posibilidades legales, dentro del marco constitucional, de realizar una consulta al pueblo de Catalunya se ha desatado una tormenta política, por otro lado previsible. Sus manifestaciones, en mi opinión, han sido impecablemente constitucionales y estatutarias. Ha utilizado muy atinadamente su derecho a la libertad de opinión.

Alguien podrá discrepar o sentir desagrado ante sus manifestaciones, pero ni el país ni la democracia están para incrementar innecesariamente las tensiones. Esta inmadurez democrática, heredada de esa maravillosa transición que algunos nos quieren vender, no puede añadir a sus deficiencias un grave quebranto de la racionalidad política y del sentido común.

Algunos tenemos la sensación de que la apertura de un expediente disciplinario al fiscal jefe de Catalunya obedece a su disidencia con la doctrina política oficial. Me atrevo a sostener que si en lugar de ofrecer soluciones legales, se hubiera posicionado de forma tajante en contra de cualquier consulta popular o hubiera amenazado con la persecución y castigo de los que intenten la vía soberanista, estaría recibiendo el aplauso del Gobierno y de otros sectores de la sociedad.

La cuestión de la indisoluble unidad de la nación española debe ser abordada de una manera serena, madura, (tenemos el ejemplo no lejano del Reino Unido), dialéctica y sobre todo democrática. Los sentimientos irracionales y predemocráticos ya sabemos, por desgracia, a dónde nos llevan. El viaje a Ítaca es inevitable.