EL DEVENIR DE CATALUNYA

Una agresión antidemocrática

¿Señor Torres-Dulce, su pretensión de controlar ideológicamente a los fiscales rememora viejos tiempos que parecen volver demasiado deprisa"

El fiscal general, Eduardo Torres Dulce; Jorge Fernández Díaz, y Alberto Ruiz-Gallardón, el lunes en Interior.

El fiscal general, Eduardo Torres Dulce; Jorge Fernández Díaz, y Alberto Ruiz-Gallardón, el lunes en Interior.

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La decisión del fiscal general del Estado de destituir, provocando su inmediata dimisión, del fiscal superior de Catalunya, es una expresión muy grave de los métodos de gobierno autoritarios que son cada vez más habituales en el Gobierno del Partido Popular. Las causas que han motivado dicha decisión, en un marco de respeto a los derechos fundamentales, nunca podían haber determinado una decisión de tal alcance. Porque un fiscal y más un fiscal jefe es, antes que nada, ciudadano, y está perfectamente legitimado para el ejercicio de un derecho como el de la libertad de expresión. Que es, exactamente, lo que ha hecho Rodríguez Sol.

Ha opinado libremente sobre un cuestión que desde hace tiempo está planteada en Catalunya, cómo articular democráticamente, mediante las reformas legales que fuesen precisas, la consulta al pueblo catalán sobre su futura relación con el Estado español. Y lo ha hecho, como corresponde a una autoridad del Poder Judicial, con moderación y cautela: "Para darle al pueblo la posibilidad de expresar lo que quiere", en relación a la Constitución dijo "que [dicha] norma sigue respondiendo a una realidad social como era en 1978 o si hay una realidad distinta, plural, que aconsejaría su modificación", que "los legisladores tienen que ser conscientes de que legislan para los ciudadanos" o que el marco legal vigente sobre la relación de Catalunya y España "hay que intentar conectarlo con una realidad social, la de una parte importante de la población de Catalunya que cree que es mejor para Catalunya otro modelo...". Con constantes llamadas al respeto del marco legal democrático vigente, sin perjuicio de las reformas que fueran necesarias. Matizando luego que no estaba en modo alguno a favor de un proceso "secesionista", matización más que obvia en quien, como fiscal, gran profesional y de talante conservador, sabe que su profesión está plenamente inserta en la estructura del Estado.

Régimen disciplinario

Palabras moderadas y realistas que, con arreglo al régimen disciplinario de los fiscales, no habrían podido constituir ni una falta leve. Porque a los fiscales solo les está prohibido "censurar" o "felicitar" a los poderes públicos, lo que evidentemente no ha hecho el fiscal Rodríguez Sol.

Precisamente, la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal del 2007 se hace, entre otras razones, para acomodar esta institución "al Estado de las autonomías" articulándola mejor a las preocupaciones y realidades de cada una de ellas. Exactamente, es lo que ha hecho el fiscal superior de Catalunya. Es cierto que los fiscales, a diferencia de los jueces, están sujetos al principio constitucional de "dependencia jerárquica", principio que debe entenderse, a diferencia de cómo se aplicaba bajo la dictadura, democráticamente, es decir, de forma flexible y respetuosa con la actuación profesional de los fiscales siempre que esté legalmente fundada.

Pero, además, en democracia, dicho principio solo puede ejercerse por los superiores jerárquicos de los fiscales en el estricto ámbito de sus funciones profesionales, es decir, en sus múltiples intervenciones en los más variados procesos. Pero, señor Torres-Dulce, jamás para el control ideológico de los fiscales, lo que rememora viejos tiempos que parecen volver demasiado deprisa.

Opiniones razonables y moderadas

El nombramiento de un fiscal jefe responde, sobre todo, a la concurrencia en el mismo de los méritos y la capacidad necesarios para el desempeño del cargo, lo que, en efecto, concurrían en el señor Rodríguez Sol. Ahora, ante la emisión de opiniones razonables y moderadas como las expuestas, no puede argumentarse en el actual régimen democrático que el fiscal general, es decir el Gobierno, ha perdido la confianza en dicho fiscal. Pues no es un cargo político, es un cargo institucional y, una vez nombrado, representa una institución pública que merece el máximo respeto por el mismo y por la institución.

La destitución del fiscal de Catalunya es una expresión más del deterioro impuesto por el Gobierno del PP a las instituciones democráticas, en las que prefiere funcionarios sumisos y, desde luego, constituye un ataque en toda regla a un Ministerio Fiscal democrático.

Y, en otro orden de cosas, la decisión adoptada perjudica gravemente el propósito gubernamental de conferir a los fiscales nada más y nada menos que la instrucción de los procesos penales. Propósito que exige un absoluto respeto a la neutralidad y la imparcialidad de los fiscales. Basta imaginar por un momento un proceso por corrupción de miembros del PP bajo el control de fiscales generales como Torres-Dulce, sometido a su vez al Gallardón de turno. Dejemos a los jueces que instruyan e investiguen, dentro de las limitaciones que ya tienen, con una independencia mejor garantizada que la de los fiscales.