La autonomía municipal, en peligro

El primer proyecto del Gobierno de reforma de la Administración local se presentó el pasado verano en plena tormenta del rescate bancario. El nuevo ha aparecido cuando la corrupción -con el caso Bárcenas y los inexplicados sobresueldos del PP en primer plano-, el paro, los recortes y la desconfianza en el sistema alcanzan preocupantes niveles.

En este marco, el barniz populista intenta hacer más digerible una nueva pieza del programa de recentralización, privatizaciones y desarme -moral y real- de los adversarios políticos y de las organizaciones sociales. Los grandes mensajes que llegan al público son que el Gobierno mete en vereda a los ayuntamientos que tanto despilfarran, que el 82% de los concejales no cobrarán y disminuirán los que tienen dedicación exclusiva, se limitará el sueldo de los alcaldes, habrá menos asesores, se deslindarán competencias, se controlarán las cuentas¿ Y se ahorrarán en dos años 7.129 millones, cifra discutible y discutida. Por tanto, ayuntamientos, alcaldes y concejales devienen chivos expiatorios en el altar de la indignación, aunque la Administración local solo acumule el 3,5% de la deuda pública frente al 12% de las comunidades y el 84,5% de la Administración central.

Un ayuntamiento es genuina expresión de la democracia, la administración más próxima al ciudadano, proporciona servicios básicos, permite la participación y canaliza numerosas inquietudes aunque no sean de su estricta competencia: pregunten a alcaldes y concejales si pueden inhibirse ante la crisis, el paro, los desahucios o el cierre de centros de salud. Según el proyecto, por cierto, los municipios no podrán actuar en servicios sociales, educación, vivienda y sanidad.

En Catalunya, los ayuntamientos han sido, y son, generadores de civismo y catalanismo integrador, autogobierno y progreso. En la España de la postransición fueron decisivos, con las autonomías, para democratizar el país y extender los servicios públicos, el bienestar y la igualdad de oportunidades.

Hay 946 municipios catalanes, de los que más de 750 no alcanzan los 5.000 habitantes y la mayoría de cuyos concejales no son una carga porque no cobran. En cualquier caso, la mayor parte de los que trabajan gratis -o ponen dinero de su bolsillo- y de los que tienen dedicación plena o parcial son personas honestas, comprometidas con la comunidad, de todos los partidos o independientes. En España más de la mitad de los alcaldes tampoco reciben ni cinco. El cacareado ahorro en sueldos apenas significaría 73 millones al año, pero con las limitaciones impuestas por el Gobierno puede que la política local solo sea para ricos y jubilados.

Es cierto que hubo ayuntamientos que hicieron cosas mal en los años en que fuimos ricos: pabellones deportivos, salas de actos, piscinas, grandes festejos¿ Pero no más que las autonomías o el Estado y que se sepa no cerrará ningún aeropuerto o estación de AVE ni se suprimirán los ministerios de Cultura o Sanidad, que han transferido sus competencias. Tampoco se ha entonado ni un tímido mea culpa por la liberalización de suelo rústico que significó, en la etapa Aznar, la barra libre del pelotazo inmobiliario.

Si prospera el proyecto el Ministerio de Hacienda tendrá sus virreyes (interventores y secretarios) y podrá dejar sin competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para cederlas a las diputaciones, en caso de que no cumplan las reglas de un juego que nace con las cartas marcadas de la austeridad. Y eso laminará aún más la autonomía local -recogida en la Constitución- y la autoridad de las comunidades. Intervención equivale a pérdida de capacidad política, calidad democrática y dimensión pública: es imposible que las diputaciones puedan prestar los servicios municipales básicos si no es mediante empresas privadas. A este respecto, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Ramón Beteta, propone crear «grandes centrales de compra de servicios».

La Administración local (como la central y autonómica) debe plantearse reformas para ser más eficiente. Como concertar, reducir el número de municipios o estudiar la supresión de las diputaciones. Y necesita sobre todo contar con los recursos adecuados, acabando con su tradicional papel de cenicienta del sistema público. Es lógico pensar que una buena financiación hubiese ahorrado muchos disgustos de especulación y corrupción.

Catalunya tiene sus competencias sobre régimen local definidas en el Estatut y las debe defender sin desmayo. Y Barcelona ha de salvaguardar la Carta Municipal. En ambos casos la defensa de la autonomía municipal es la defensa de la autonomía del país. Y, además, hace falta alcanzar un gran acuerdo sobre ahorro, eficiencia y simplificación de los niveles administrativos. En el Parlament.